El Ministerio de Turismo dice que las Autonomías pueden multar a Airbnb

Las comunidades autónomas tienen la capacidad de controlar la publicidad que las plataformas turísticas digitales como Airbnb insertan en la web y de sancionarles si no cumplen con sus obligaciones, según lo establece un informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que estipula las competencias de las autonomías respecto a los llamados canales de oferta turística en un momento en el que los tribunales están tumbando las regulaciones de las comunidades al respecto, que también cuestiona la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Además, recuerda el informe que publica Expansión este lunes, “las plataformas digitales de oferta de viviendas de uso turístico invocan su caracterización como servicios de alojamiento para imponerse a la imposición de obligaciones de supervisión sobre las ofertas que publicitan en sus  webs y aplicaciones y la asunción de responsabilidad por su posible ilegalidad”.

En este contexto, Industria estipula que “las plataformas digitales de oferta de alojamientos turísticos son responsables, según establece el artículo 16 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, si tras adquirir conocimiento efectivo de la ilicitud de la oferta (por ejemplo, por un requerimiento de la Administración competente para corregir o retirar determinadas ofertas) no actuaran con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”, revela Expansión.

“Ello incluye”, añade el informe, las consecuencias civiles, penales y administrativas que procedan”. Sin embargo, admite Industria, “algunas de ellas, como la responsabilidad administrativa, no están apenas previstas en la normativa sectorial” (Ley de urbanismo vs. ley turística: o manda el cliente o el que manda es la ley).

“Bajo este régimen de responsabilidad”, matiza el informe, “las plataformas no pueden estar obligadas a vigilar la adecuación a la ley de todas las ofertas de alojamiento que difunden”. Sin embargo, añade el Ministerio, este hecho “no significa que las comunidades no puedan regular los aspectos de su actividad que inciden en la ordenación del turismo en su territorio”. Así, concluye el informe, “las autonomías pueden imponer ciertas obligaciones de supervisión a las plataformas que no desarrollen una actividad neutral, pasiva y automática de intermediación”. Para evitar conflictos, Industria recomienda a las autonomías acordar con las plataformas un procedimiento de notificación y retirada de ofertas ilícitas.