El Gobierno de Canarias se ha fijado como una de sus prioridades luchar contra la crisis habitacional. El aumento descontrolado de las viviendas vacacionales, unido a la falta de construcción de obra nueva, ha provocado que los residentes en el archipiélago paguen en estos momentos el doble de alquiler que hace una década (Clamor hotelero para frenar la emergencia alojativa en España).
Pese a que la Consejería de Turismo y Empleo se ha volcado en este asunto, habiendo ya anunciado la puesta en marcha de una normativa con la que combatir la emergencia alojativa, la aprobación definitiva de la denominada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas tendrá que esperar.
Según los plazos que maneja el propio Ejecutivo, el proyecto de ley llegará a la Cámara autonómica a finales de año. De ser así, su entrada en vigor no se producirá hasta 2025. El motivo principal de esta tardanza es que el Gobierno de Canarias está apostando por el consenso con los diferentes actores implicados, así como partidos políticos (Canarias y Baleares: el desmadre del alquiler vacacional, en cifras).
“Se ha abierto un diálogo permanente con la sociedad en todas las islas”, defiende la consejera de Turismo, Jéssica de León, quien detalla que “fruto de la consulta pública se obtuvieron 5.083 aportaciones y, una vez finalizado el plazo de información pública y trámite de audiencia, se han registrado más de 3.000, de las cuales 1.000 ya han sido clasificadas”.
“Este equipo de Gobierno, desde que llegó hace nueve meses, es el que ha tenido la valentía de ponerse manos a la obra y regular un fenómeno que debió ordenarse hace mucho tiempo para recuperar el equilibrio entre la actividad y el residente”, incide.
La consejera remarca que la ley no viene a prohibir la actividad y que tampoco supondrá el fin de las viviendas vacacionales ya existentes, pero defiende que “es necesario establecer unos límites cuantitativos y cualitativos para ordenar el fenómeno”. De acuerdo con los datos actualizados, actualmente existen en las islas 66.972 viviendas vacacionales y 273.157 plazas.
Por otro lado, De León rechaza que el anuncio de la ley que regulará el uso turístico de viviendas haya producido un ‘efecto llamada’. Revela al respecto que el alquiler vacacional crece a un ritmo del 7,95%, frente al aumento del 60% que registró en la pasada legislatura, entre 2019 y 2023, periodo en el cual no se promovió ninguna iniciativa para regular la actividad.
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Al propietario de vivienda en alquiler no turística sino para trabajadores hay que dotarla de garantía de pago por parte del Gobierno de Canarias es decir de aval y de tasarla hacia bajo en función del sueldo de los ocupantes poniendo una parte en manos del dueño para compensar. El control contra los okupas posibles debe ser férreo y la ley de desalojo debe ser inmediata...en tres meses máximo solucionado y al propietario se le compensa.
Totalmente de acuerdo...ibfelices los politicos...no hsy q ir a ninguna Escuela para saber esto.. estsn jugando con nosotros con los ciudadanos...
No hacia falta tener muchas luces para saber ,Sra.q esto iba traer cola y llamadas express,a meter más pisos vacacionales a reventar más las zonas...al igual q Los extranjeros no residentes mas de lo mismo..
Y siguen sin tomar medias ,aló CANARIO al Golpito ......está claro q la política, es lo q es.!!
Socorro!!!!.en estas cagadas de mosca en el oceano atlantico la gente no tiene donde vivir o dormir, gracuas al puñetero turismo del que se benefician unos cuantos y el resto miseria.