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EDICIÓN ESPAÑA

CRÓNICA DE FIN DE SEMANA |

Negro sobre blanco: los datos del despilfarro del AVE

El Tribunal de Cuentas enumera las deficiencias en la gestión de los 70.000 millones que nos va a costar la red de trenes más cara del mundo y con menos usuarios
Se denuncia que la deuda se va aplazando para las generaciones posteriores y que la inversión en la red de trenes convencional está retrocediendo y es insuficiente para mantenerla como está

El Tribunal de Cuentas (TdeC) acaba de publicar un informe sobre la alta velocidad ferroviaria española y, especialmente, sobre su viabilidad financiera. Leerlo provoca vértigo porque demuestra hasta dónde la política inconsciente de los gobiernos pueden hundirnos en la miseria. Esto, gravísimo de por sí, es peor si se tiene en cuenta que está ocurriendo en plena crisis, mientras se ha tenido que recortar gasto en todos los niveles del sector público. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de las afirmaciones más duras del TdeC (“es especialmente aconsejable en las inversiones deficitarias –que son todas– introducir el principio de racionalidad (…) limitando las inversiones que sean altamente deficitarias”) pero en este informe veremos los datos detallados, que son mucho más convincentes que lo que uno pueda decir.

 

francia-ave-españaComo introducción, recordar que el TdeC analiza las cuentas de Adif y su filial Adif AV, que son las propietarias de las infraestructuras, vías o estaciones. La filial, como es evidente, se encarga de la Alta Velocidad.

 

Primera barbaridad (en este caso, en la operación normal): los operadores pagan un canon por usar las vías. Ese canon es una declaración que hace el operador. El TdeC comprueba que en algunos casos el uso real de las vías ha sido superior a lo declarado sin que se alterara el canon porque “Adif carece de instrumentos jurídicos suficientes” para cobrar la diferencia. En otro pasaje, en relación al importe de estos cánones, el TdeC habla claro y dice que hay que ponerlos al nivel que toca, porque lo contrario supondría “que se subvencione con recursos públicos actividades del sector privado”.

 

Segundo caos (también en la operación normal, no en la inversión): pese a que en 2013 el canon por uso de las vías subió un 35 por ciento (¿quién puede soportar variaciones así?) el importe recaudado en cada una de las modalidades de cánones continuaba siendo insuficiente para cubrir los costes” de esos servicios, no hablemos ya de la gran inversión. “La cobertura de los cánones en la red de alta velocidad en el periodo fiscalizado ha oscilado entre el 49 por ciento y el 50,6, mientras que en la red convencional el porcentaje ha oscilado entre el 4,96 y el 7,30 por ciento”. Lógicamente, eso significa o que los cánones son ridículamente bajos, o que los costes operativos de Adif son imposibles. Recordemos, de paso, que Renfe, el principal operador, y casi único, también pierde dinero.

 

Tercer desastre (el más costoso): El TdeC confirma que la red de alta velocidad costará 70.000 millones de euros, sin duda la mayor inversión jamás llevada a cabo en este país en toda su historia. Por poner una comparación, la Justicia (toda) cuesta al país 1.500 millones anuales; todo el gasto en pagar a los casi seis millones de parados, son 25.000 millones de euros al año. Pero vamos a lo que denuncia el TdeC.

 

En 2010, el TdeC emitió un informe sobre el periodo 2005-2008, en el que hacía algunas denuncias. Ahora afirma que “se ha constatado que en el periodo fiscalizado continuaban vigentes las mismas deficiencias puestas de manifiesto en el informe anterior” y que fundamentalmente atañen a la planificación financiera. ¿Para qué queremos órganos de control si nadie les hace caso?

 

El TdeC denuncia que Adif amortiza la red convencional de forma lineal, pero en la alta velocidad “la amortización de esos activos se concentraran en los últimos años de su vida útil, siendo muy reducidas en los primeros”. El TdeC, con un poco de mala uva, recuerda que curiosamente “la entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias francesas, Réseau Ferré de France (RFF) no tiene establecidos métodos de amortización diferentes para las infraestructuras de la red convencional y las de la red de alta velocidad”. Es tradicional en política el principio de que “el que venga que se fastidie”.

 

El TdeC describe los costes de explotación (sin las amortizaciones de la inversión) en ciertas líneas, indicando que la línea de Madrid-Valladolid cuesta 154.000 euros por kilómetro. Si le sumamos las inversiones, el coste es de 534.000 euros por kilómetro, lo que nos da una idea de su (in)viabilidad operativa.

 

Una acusación muy seria del TdeC: señala que mientras el gasto en Ave está descontrolado, las cifras gastadas en “las obras de mejora de la red convencional como para su mantenimiento presentan una tendencia decreciente, siendo (esos fondos) inferiores a la depreciación anual de la red.” O sea, nuestro amor al tren es tal que estamos dejando morir el tren convencional, por falta de la inversión mínima para mantenerlo tal cual, olvidemos ampliarlo o mejorarlo.

 

El informe apunta a que la situación financiera de la entidad está empeorando rápidamente, al punto de que ya en 2013 ha tenido problemas de liquidez porque “la tesorería obtenida por las actividades de explotación y financiación no fue suficiente para hacer frente a los recursos aplicados en la actividad inversora”. Prácticamente a tres de cada cuatro proveedores se les pagó fuera del plazo marcado por la Ley.

 

Vean el dato estremecedor: “En ese periodo –se refiere a 2011-2013– los recursos generados por las operaciones, en lugar de constituir una fuente de financiación para Adif supusieron una aplicación de fondos de 18,7 millones de euros y ello a pesar de que los ingresos en concepto de cánones ferroviarios ascendieron a 1.228 millones”.

 

En resumen: dilapidamos el dinero a mansalva, retrasamos el pago de la deuda para que se hagan cargo los que vengan detrás, ponemos cánones a los operadores que son subvenciones al sector privado, dejamos que se hunda el tren convencional porque no invertimos y, especialmente, no parece que haya relación alguna entre lo que se gasta y la función social que se pretende de ese tren. Y, al final de todo esto, encima entre Barcelona y Valencia sólo funcionará un tren lento con tramos de una vía.

 

No será que no haya habido al menos un organismo público (que también tenemos que pagar) que lo haya denunciado claramente.


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    1 Comment
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    Nacho
    8 años

    Y despues machacan a Ciudadanos por decir que va a parar la inversion en el AVE.
    Tenemos lo que se merecen otros.

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