Política y economía colaborativa

Lo que sucede con Uber es lo mismo que ocurre con Airbnb: una empresa, nacida en la cultura de Silicon Valley, genera un modelo de negocio nuevo, basado en eso que se ha dado en llamar “la economía colaborativa”. Para Uber, consiste en que cualquier particular puede ser taxista; para Airbnb, que cualquier cama puede tener uso hotelero.

Si se les hubiera ocurrido hacer lo mismo con la restauración o con la belleza, cada casa podría haberse convertido en un restaurante o en una peluquería, en una hamburguesería o en un salón de maquillaje. Porque en realidad, Internet no crea el negocio, sino que permite comercializarlo con rapidez, velocidad y costes insignificantes.

Pero observen la respuesta absolutamente diferente que tienen las administraciones públicas españolas antes estos dos fenómenos, según los votos que están en juego. En el caso de Airbnb, como todos tenemos casa y muchos tienen una segunda residencia, y como los hoteleros son unos pocos, la actitud general de la clase política es comprensiva, incluso en algunos casos de apoyo. La Comisión de la Competencia es favorable a Airbnb, pero la Comisión, a diferencia de los políticos, lo dice por razones económicas, no por puro oportunismo.

En cambio, cuando llegamos Uber, la postura cambia. Sí, todos tenemos coche, pero muy pocos tienen la tentación de dedicarlo a transportar gente. En cambio, los taxistas son un lobby muy poderoso y casi imposible de controlar. Siempre lo han sido. Por eso las administraciones públicas están en contra de la economía colaborativa, no sea que pierdan muchos votos y ganen pocos o ninguno.

Personalmente, yo estoy en contra de Airbnb y de Uber. No entiendo por qué si siempre hemos tenido una legislación muy compleja para dar licencias de taxi, de pronto tenemos que romper todo porque unas empresas de tecnología se hayan presentado en España a hacer negocio. Pero, igualmente, creo que si desde siempre hemos definido las viviendas como espacios para residir y no para alquilar por días, si ha habido una legislación igualmente compleja para la autorización de hoteles, no encuentro el motivo para permitir que Airbnb o sus imitaciones puedan imponernos el negocio.

Pero, observen bien: mientras Uber no va a salirse con la suya, porque el Gobierno va a cederle la competencia a las autonomías –ya sabemos que eso significa que los políticos locales cederán automáticamente ante los taxistas–, Airbnb prácticamente está operativa en toda España sin que se hayan puesto más trabas que algunas limitaciones mínimas, de aplicación imposible.

Todo lo cual demuestra que llevamos años sin que nuestros gobernantes tengan otra idea en la cabeza que la simple cuestión de cuántos votos cuesta una postura y cuántos la contraria. Esos son sus principios.