El palacio de Congresos de Mallorca, paralizado

Las obras del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, que fueron adjudicadas hace nueve años, se volvieron a paralizar este lunes. Acciona, la empresa constructora, decidió retirar a la mayor parte de los trabajadores, para mostrar su protesta ante la postura de las instituciones públicas de Baleares que financian su construcción, por no indemnizarla como consecuencia de los daños causados al retrasar las obras en su momento. La postura del Gobierno y del ayuntamiento, responsable de las obras, es la de exigir que Acciona no paralice las obras, ignorando los contratos firmados en su momento.

Los hechos prácticamente son fotocopia de lo que sucediera ya en el pasado, cuando la empresa adjudicataria de la gestión del proyecto (lo cual no es exactamente lo mismo que las obras) se marchó porque las instituciones estaban incumpliendo el contrato.

Recopilemos un instante, para aclararnos en esta historia rocambolesca: el ayuntamiento de Palma, liderado por Catalina Cirer (Partido Popular), adjudica en 2006/7 la construcción y gestión del palacio a una agrupación de empresas a cuyo frente está la hotelera Barceló. Apenas lo hace hay elecciones y la izquierda (Aina Calvo, PSOE) accede al poder, momento en el que descubre que el solar en el que se tenía que hacer la obra no era de propiedad municipal, por lo que cambia el contrato, exigiendo una reorganización del edificio, reducción de aparcamientos, más pisos en menos espacio, etcétera. Esto, por supuesto, tiene costes para el adjudicatario, de los cuales las instituciones no quisieron saber nada. Posteriormente, por razones comprensibles (la famosa crisis) pero ajenas a lo estipulado en los contratos, las instituciones dejaron de ingresar el dinero para la obra, lo cual a la postre originó que el adjudicatario desistiera de seguir adelante. El ayuntamiento socialista, sabedor de sus incumplimientos, aceptó la renuncia, calló y no litigó, aunque años después la ex-alcaldesa sugirió que había sido presionada.

Las obras tenían que continuar, ahora directamente financiadas por las instituciones. Pero como no había dinero, Acciona dejó de cobrar y paró los trabajos. Sin embargo, mantuvo cierta presencia hasta las elecciones de 2011 y, tras ellas, ya con un gobierno conservador, se paralizaron. Estos impagos son otro incumplimiento de contrato, que habría que renegociar con el contratista encargado de las obras y que, se supone, tiene que hacer frente a los costes que esta situación le genera.

Sin embargo, todas estas quejan se han ido ignorando hasta que ahora, cuando queda poco para el final de las obras, Acciona dice que se planta, que o negocian con ellos la indemnización por los costes incurridos como consecuencia de los casi cinco años de paralización de las obras o, como acaba de hacer, o deja de trabajar.

Los gobiernos, especialmente los de izquierdas, tanto hace cinco años como ahora, parecen pensar que los contratos que firman se tienen que cumplir sólo por parte del adjudicatario. Ellos pueden dejar de pagar, suspender las obras, tomarse un descanso, sin que se deriven responsabilidades pecuniarias por ese motivo. Todos sabemos que las empresas no son obras de caridad y que buscan ganar dinero siempre que pueden, pero también deberíamos tener presente que hay contratos que hay que cumplir; lo que se firma, que en política no tiene importancia porque nadie les cree, en el mundo mercantil es vinculante. O sea que, de nuevo, el Palacio de Congresos de Palma está en entredicho. Ahora, se frena la inauguración.