Una decisión poco justificable

Diariamente van saliendo nuevos datos de la corrupción de dimensiones colosales que se ha producido con las obras del tren de Alta Velocidad. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces la policía ha visitado la sede de Adif, la empresa pública que se encarga de estas obras. Ya deben de tener un departamento dedicado a atender a jueces, fiscales y policías. Y he perdido la cuenta de cuántas sombras de duda se han lanzado sobre el puñado de empresas privadas que hacen obras de este tipo.

Si tenemos presente que el Ave español es el que tiene menos viajeros por kilómetro recorrido de todos los que hay hoy en el mundo; si tenemos presente que muchos de sus trayectos se han hecho por razones puramente electorales porque no hay viajeros suficientes para justificarlos y si encima sumamos que estamos ante una fuente de corrupción, entonces ¿qué sentido tiene esta obra?

Pensemos que para que los trenes viajen con pasajeros, Renfe, su operador, ha tenido que bajar los precios de los servicios de tal forma que ha provocado estragos entre los operadores de bus y de la aviación, que sí han de responder ante sus accionistas sobre los precios que ofrecen. Renfe, en cambio, no, a Renfe la pagamos entre todos.

Francamente, ante este cúmulo de disparates, uno se pregunta si España está en condiciones de llevar a cabo inversiones delicadas, costosas y complejas. Pensemos que estamos hablando de más de 60 mil millones de euros, cantidades completamente desmesuradas para un país como este, con endeudamientos descomunales.