Menos titulares y más multas

Lo que sucede en este país con los controles que el Estado tiene que aplicar sobre las empresas es auténticamente una vergüenza. Hace dos días, los medios de comunicación indicaban que la Inspección de Trabajo haría controles en Ryanair para ver si cumple con la legalidad en materia de contratación laboral. La noticia en sí es impresentable e inaceptable. En ningún país serio se puede aceptar esta filtración.

El Estado no tiene que anunciar que va a hacer inspecciones ni controles. El Estado lo que tiene que hacer es inspeccionar y controlar sin más. Porque la Ley está para ser cumplida. Decir “vamos a inspeccionar a esta empresa”, sea cual sea, es inadmisible porque supone a priori sugerir que la empresa actúa en la ilegalidad, dejando a todas las demás en una situación de ventaja.

El Estado tiene que vigilar y aplicar las sanciones que correspondan, sea quien sea el afectado. Y cuando esas infracciones estén demostradas y sean firmes, entonces debe informar a todo el mundo qué empresas han sido sancionadas. Aquí no se trata de esconder la sanción, sino el anuncio de la inspección.

Difundir los nombres de los culpables es fundamental por dos motivos: por un lado, para que el público sepa quién no respeta las leyes y, en segundo lugar, para que los competidores no tengan tentaciones de saltarse las normas.

Pero nuestras autoridades, sin embargo, prefieren acusar antes de inspeccionar y después no hacer nada. Recuerdo aún cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que mandaba los inspectores a Ryanair para que vieran si cumplía la ley en lo que se refiere al combustible de reserva de sus aviones. Al final, todo quedó en eso, en una afirmación pública dañiña para la compañía, pero sin sanciones, porque o no se inspeccionó o nada era verdad.

Ha cambiado el Gobierno, pero no el nivel de impresentabilidad del poder público, que salva su imagen sugiriendo que unas compañías son buenas y otras son malas. Menos titulares y más multas, si es que hay motivo para ello.