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EDICIÓN ESPAÑA

La Ley, a medida

Hay cosas que es mejor no conocer para evitar deprimirse. Como la historia de la oferta de alojamientos turísticos ilegales en Baleares. No se sabe muy bien desde cuándo, miles de plazas hoteleras aparecieron en el mercado sin contar con los permisos correspondientes. No son hoteles nuevos, sino ampliaciones de plazas en hoteles existentes, carentes de las preceptivas autorizaciones. Eso es 'oferta ilegal', aunque no se sabe muy bien por qué razón algunos llaman 'oferta alegal', como si la ley se hubiera olvidado de regular este asunto.

 

Esta situación se conoce desde mediados de los noventa, pero a día de hoy sigue sin resolverse. Lo grave es que la Administración autonómica de Baleares no se atreve a sancionar a quienes no han cumplido la ley. El Gobierno socialista que dirigió las Baleares en dos periodos de cuatro años ignoró el tema. Y los conservadores no han hecho nada más que dictar plazos para la legalización, que alargan y alargan. Ahora los hoteleros tienen hasta 2015 para legalizar las plazas que no cuentan con autorización, pero es imposible encontrar a alguien que no apueste a que entonces el plazo se extenderá a 2017.

 

La Administración no debe dedicarse a complicar la existencia ni el funcionamiento del sector privado, pero no debe permitir escándalos de esta dimensión, inhibiéndose de esta forma. Es muy difícil exigir la carga fiscal que actualmente tienen los ciudadanos de a pie mientras el poder se muestra incapaz de exigir el cumplimiento de sus propias leyes a los sectores económicos poderosos. Es evidente que acercar el poder a los ciudadanos es positivo, pero eso exige que el poder ejerza sus obligaciones de forma meticulosa. Las autonomías, en este sentido, han dejado mucho que desear.
Igualmente, los hoteleros, que suelen quejarse de ser impopulares pese a crear puestos de trabajo, deben entender que estas situaciones no van contra la sociedad sino contra ellos mismos, que el incumplimiento de la Ley les perjudica porque evidencia que no están dispuestos a asumir su cuota parte de responsabilidad en el correcto funcionamiento del país.


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