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EDICIÓN ESPAÑA

Juez y parte en Renfe

Este fin de semana, el escritor Mario Vargas Llosa, que en su momento fue candidato a la presidencia del Perú, escribió un artículo en el que, hablando de una cuestión que no viene a cuento en una publicación turística, decía que en su país prácticamente no existen instituciones que sean del Estado pero no del Gobierno, porque este lo controla y absorbe todo. Nada muy diferente de lo que sucede en España, donde los escasos intentos de crear instituciones independientes han fracasado (véase el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, la Comisión de la Energía o el Consejo del Poder Judicial). Uno de los casos más clamorosos en los que hemos demostrado nuestra incapacidad para tener instituciones independientes es el de la Comisión de la Competencia, que prácticamente ha sido inoperante al no poder hacer compatible sus obligaciones con los deseos del Gobierno. Por ello, recientemente se ha creado una nueva macro Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ya ha dado algunas muestras de tener criterio propio y que, por ello, por contradecir a los ministros, vaticino que va a saltar por los aires. Esta misma semana ha criticado a la ministra de Fomento, en relación a la liberalización de Renfe, lo cual no por correcto, va a ser menos doloroso.

 

Según la Comisión, el área dirigida por Ana Pastor ha planteado una orden ministerial en la que adjudica la capacidad ferroviaria entre las empresas titulares de los trenes que puede “generar una ventaja competitiva para el operador dominante”, o sea Renfe. Añade la Comisión que esto “puede estar impidiendo la entrada de nuevos operadores al mercado y limitando los beneficios derivados de la liberalización del sector”. Y concluye que no se ha visto nada similar en otros países europeos, también obligados a la liberalización.

 

Estas afirmaciones y sospechas de la Comisión de la Competencia se podrían haber escrito hace años y repartido en todos los niveles del ministerio de Fomento porque era absolutamente previsible que quien es juez y parte intente beneficiarse de su poder. La postura oficial aquí no pretende realmente abrir el mercado, sino hacer como que lo abre, para así pasar de puntillas sobre lo que nos ordena Europa y, al mismo tiempo, mantener la situación existente. Como en tantas otras cosas, ir al fondo de los problemas nos da pánico.

 

En descargo de nuestro gobierno hay que decir que la enorme mayoría de los países europeos sucumben a estas tentaciones, por más que puntualmente la Comisión no haya encontrado una norma similar a esta orden ministerial en otros países. Alemania, por ejemplo, es uno de los países más incumplidores, negándose a separar la titularidad de las vías de la titularidad de la principal operadora y enfrentándose frontalmente a Bruselas. 

 

Nuestro gobierno sabe de sobra que abrir el mercado a la competencia es absolutamente imprescindible, pero también sabe que tiene que ganar las elecciones, por lo que no quiere provocar muchos conflictos. Una crisis en Renfe, inevitable se mire como se mire, tendrá un coste electoral importante, por lo que aparecen entonces los juegos malabares dirigidos  a ver cómo burlamos la norma que nosotros mismos hemos hecho.

 

Menos mal que esta Comisión de la Competencia, que es muy bisoña, aún tiene ánimos para decir que así no vamos lejos.


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    CNMC adicto
    10 años

    Que te acuestes...

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