Irlanda y la seguridad aérea española

El 10 de febrero de 2011, un avión se estrelló en el aeropuerto de Cork, en el sur de Irlanda. Murieron 6 personas y otras tantas lograron sobrevivir al funesto accidente. Como es preceptivo, e independientemente de dónde estén matriculados los aviones, el país en cuyo territorio ocurre el siniestro es el que lleva a cabo la investigación, en este caso, la Unidad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Irlanda (AAIU). Recordemos que este fue el accidente más importante en la historia de ese país.

Poco después del accidente se supo que el avión, un Fairchild SA 227‐BC Metro III, tenía matrícula española (EC-ITP), y que su piloto desgraciadamente muerto en el siniestro era Jordi Sola López, de 31 años, de Manresa. La aeronave volaba de Belfast (Reino Unido) a Cork, en el sur de Irlanda y a la hora de aterrizar hizo tres intentos, los dos primeros abortados debido a la densa niebla y el tercero acabado en el trágico siniestro.

Según la normativa europea, cada país tiene que vigilar y seguir los aviones que están matriculados en él, por lo que España era responsable de este avión.

Los investigadores analizaron la propiedad del aparato, para concluir que era de un banco español, el cual lo había cedido a Air Lada (Líneas Aéreas de Andalucía), quien tenía un leasing con Flightline, una empresa también española que era la operadora del aparato. Sin embargo, el vuelo estaba comercializado por Manx2, la aerolínea de la isla de Man, un paraíso fiscal en el mar de Irlanda.

Los investigadores de la AAIU concluyen que la niebla tuvo que ver en el siniestro, pero que los tripulantes estaba excesivamente fatigados, que carecían de la formación necesaria, que el operador de la aeronave no tenía una política correcta para organizar las tripulaciones pero, sobre todo, que toda la operación no estaba ni suficientemente vigilada o controlada por las autoridades correspondientes, o sea por la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) que no estaba al tanto de estos vuelos, como era su obligación.

El informe indica que se han hallado “deficiencias sistémicas en la operación, en la organización y en la regulación de estas. Estas deficiencias incluyen la formación del piloto, la planificación de las tripulaciones, el mantenimiento y una inadecuada vigilancia de la operación por el operador y por el país responsable”, o sea España.

Para nuestra vergüenza, una de las once recomendaciones del informe está dirigida a la autoridad española, en la que se le sugiere que vigile las operaciones que son de su ámbito, como es el caso.

Naturalmente, en ningún lugar se dice, pero está en la mente de todos, que nuestra ministra de Fomento fue a Dublín a exigir que Irlanda le cediera la competencia para vigilar a Ryanair cuando opere en nuestro país. Ahora los irlandeses nos dicen que bien valdría la pena que nos encarguemos de lo que sí es nuestra competencia.

Si las cosas son así, mejor pasemos página rápidamente.