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EDICIÓN ESPAÑA

Cómo mejorar la gestión aeroportuaria

Pedro Meaurio, quien fuera durante décadas director del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, ha concedido una entrevista en un diario en la que afirma que los aeropuertos españoles no se han de privatizar y, concretamente sobre el aeropuerto de Palma, señala que tiene que recuperar la iniciativa comercial, porque ha perdido todas las compañías aéreas que tenían su base en él.

 

Yo entiendo que Meaurio con la segunda afirmación contesta a la pregunta de si se ha de cambiar o no el modelo de gestión aeroportuaria: Palma, que podría hoy ser una base aérea de relieve a nivel europeo, está desierta, sin nadie. Vuelan aviones, pero nadie, salvo Air Europa y muy limitadamente, tiene su base allí. Ni Iberia sigue haciendo tareas de mantenimiento en la capital balear. ¿Por qué digo que este hecho es la respuesta a su pregunta? Simplemente porque eso, el desierto es lo que ha conseguido la gestión pública, al menos entendida como la hemos entendido hasta ahora en España. Es la situación que no se puede mantener ni un día más, porque esos son puestos de trabajos perdidos, y puestos de trabajo de nivel elevado. ¿Por qué se han marchado las compañías? Por la ineficiencia de Aena. Ni Aena, ni un aeropuerto, ni ninguna gestión seria se puede llevar con un Boletín Oficial, en manos de burócratas que tienen su salario garantizado, bajo el control de gente a la que en el fondo le da igual que el aeropuerto vaya bien o vaya mal. Meaurio conoce esto perfectamente porque él fue víctima de la horrorosa burocracia de Aena (horrorosa es un calificativo amable, al lado de las deducciones que podríamos llegar a sacar de la lista de casos de presunta corrupción abiertos en varios juzgados contra este organismo).

 

En su entrevista, Meaurio también apunta a algo en lo que seguramente tiene razón: ¿cómo se explica que se le entregue a un privado todo el patrimonio aeroportuario de un país? Todo el proceso ha sido oscuro, con precios que subían y bajaban sin mucha explicación. Pero hay que añadir que el inversor privado no sólo se queda con los aeropuertos, sino también con los 12 mil millones de deuda que tiene la empresa. En el caso de las regiones insulares, se puede plantear con razón la pregunta de si es prudente privatizar aeropuertos que están en régimen de monopolio. Este asunto se ha planteado y resuelto en otros lugares, mediante la convocatoria de concursos periódicos en los que el gestor del aeropuerto se ve obligado a cumplir las condiciones que la Administración le impone. Pero esto es impensable en un país en el que estos concursos estarían pervertidos antes de convocarse, donde los ganadores lo ignoran todo de aeropuertos pero lo saben todo de relaciones con políticos (o con funcionarios).

 

Hechas estas salvedades, y hablando del conjunto de la Península, ¿por qué no privatizar los aeropuertos? ¿O es que tienen más interés estratégico que el suministro de electricidad? ¿O que la telefonía? ¿O que el acceso a bases de datos como Google, que no sólo es privada sino que ni siquiera es española?

 

Lo que Meaurio, un experto en aeropuertos, no parece recordar es que la propia Aena es dueña del aeropuerto de Luton, en Londres, sin que el interés estratégico británico se haya estropeado; que Ferrovial es la propietaria de Heathrow, sin que ocurra nada y logrando unos niveles de eficacia elevados.

 

En todo caso, bienvenida la reflexión de quien fuera un excelente gestor de Palma, pese a las ataduras burocráticas del sistema.


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