Tenerife, en guerra con Aena

Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, ha armado un revuelo impresionante en Tenerife, alineando a toda la sociedad en su favor y en contra de Aena, Aeropuertos Nacionales, que es titular de los dos aeropuertos de la isla. El motivo de tal rebelión es que Aena sacó a concurso una obra de 54 millones de euros para la modernización de Tenerife Sur, sin hablar con nadie, sin informar, sin consultar.

La postura de Alonso tiene sus debilidades: Aena es la responsable del aeropuerto y, lógicamente, tiene derecho a llevar a cabo sus inversiones; las aerolíneas, por su parte, apoyan el proyecto de ampliación de la terminal, por lo que si los principales usuarios están de acuerdo, el papel de los políticos es bastante discutible. Parece más bien que se tratara del tradicional victimismo de nuestros políticos locales, siempre quejándose por todo. Pero la postura de Aena probablemente sea aún más débil: no existe un sólo aeropuerto en el mundo en el que quienes trabajan y toman parte en el día a día no tengan voz. En inglés llama “stakeholders” a quienes están afectados por esas decisiones importantes, quienes tendrían que tener voz en esos procesos. Que Aena no haya hablado con nadie, llama la atención negativamente.

Carlos Alonso se congratula de que el empresariado y los sindicatos se hayan alineado tras sus pasos. Pero es que eso no tiene mérito porque en todas las autonomías, los empresarios y los sindicatos se alinean detrás del jefe de la tribu, incluso sosteniendo cualquier estupidez. No es que esta sea una de ellas, pero en el pasado ha habido varios empresarios, jaleados por la prensa local, que por ejemplo pidieron que Tenerife Sur tuviera dos pistas cuando su volumen de pasajeros no lo justifica ni remotamente.

Así invertimos en España: por un lado, políticos locales frecuentemente carentes de realismo, que piensan que el mundo gira alrededor de su región, coreados por empresarios y sindicatos que están muy vinculados al poder, a veces a niveles vergonzosos, y por otro unas instituciones públicas que han perdido el sentido común de consultar, escuchar, atender lo que tengan que decir quienes están afectados por los proyectos.

Personalmente, veo que en los dos bandos hay errores de bulto. Nada estimulante para gastar más de 50 millones de euros.