Abusos al consumidor

Por supuesto, el sentido común –incluso aunque no fuera muy común– dice que cobrar 30 euros por imprimir una tarjeta de embarque en el aeropuerto es un abuso. Obvio que es un abuso. Por lo tanto, el juez puede investigar lo que quiera, pero si concluyera que no es un abuso estaría equivocándose.

El problema no es ese, sin embargo, sino que ese precio, esa tasa exorbitante, es absolutamente legal. Una empresa puede cobrar el precio que quiera por imprimir una tarjeta de embarque.

Antes de que los móviles se popularizaran, y debido a los abusos de Ryanair que es quien inventó los precios exorbitantes para imprimir las tarjetas de embarque, en el aeropuerto de Stansted, que es la primera base de Ryanair, una empresa de impresoras abrió una oficina en la que cobraba unos cinco euros por imprimir la tarjeta.

Un abuso, también, pero espectacularmente inferior al de las aerolíneas. Si usted va a imprimir un folio a una empresa cualquiera, verá que el precio que le cobran puede ser diez, veinte veces el coste real.

Las aerolíneas, obviamente, tienen derecho a poner sus condiciones a la hora de operar. En realidad, aquí el asunto de abusar del cliente o del ciudadano no lo está inventando el sector privado. El mayor abuso sobro los ciudadanos viene de otro lado, a saber.

A mí, como a todos, Hacienda me dice que tengo que pagar mis impuestos y que yo soy quien tengo que hacer todo el papeleo; yo tengo que decidir qué conceptos cargo, qué conceptos ignoro, qué deducciones aplico. Y si me equivoco, Hacienda tiene el derecho de suponer que yo soy responsable porque lo hice deliberadamente. ¿Puede el Estado cargarme con todo este trabajo, bajo riesgo de fortísimas sanciones? ¿No serīa razonable que el Estado hiciera la declaración de la renta? ¿Y que ellos se hicieran responsables de que lo que está allí es correcto?

Pues si el Estado puede coger al humilde ciudadano y someterlo a este via crucis, obviamente una empresa también puede exigir el pago de esas cantidades por una tarjeta. Al fin y al cabo uno no puede evitar a Hacienda pero sí a Volotea o a Ryanair.

Si la Justicia quiere empezar por ser exigente, ya sabe dónde hay material.