El debate tras la ley canaria de turismo

El Gobierno central ha anunciado que recurrirá la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias ante el Tribunal Constitucional. En pocas palabras, esta ley prohíbe construir hoteles de menos de cinco estrellas o de gran lujo, salvo los que ya tienen permiso. Los empresarios de Gran Canaria se han opuesto frontalmente a esta norma, aduciendo que tienen muchos proyectos en ciernes, los cuales quedarían aparcados. Como siempre, hay un trasfondo de enfrentamiento con Tenerife, donde hay mucha oferta de este tipo y donde la ley no provoca rechazo.

La Ley en cuestión fue aprobada en el Parlamento regional con los votos de Coalición Canaria y el Partido Socialista y la oposición del PP.

El recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional se fundamenta en que, según dice, sólo se puede prohibir una inversión por razones medioambientales, debiendo dejarse libertad de mercado en los demás casos.

El recurso tiene dos aspectos sospechosos: primero, hay muchas leyes de este tipo en toda España, varias promovidas y aprobadas por el propio Partido Popular, que los gobiernos centrales no recurrieron nunca al Constitucional; y en segundo lugar podríamos estar ante un debate electoral, en el que partido del Gobierno apuesta por captar votos en una isla concreta de Canarias.

Sin embargo, más allá de estos aspectos de la más cruda política de partido, hay un debate interesante que merece una reflexión: ¿hasta dónde el intervencionismo público debe regular qué inversiones ponemos en marcha en nuestras costas? ¿Y hasta dónde debe llegar esta regulación? ¿Es mejor que no legislemos nada, y que el mercado funcione sólo? En ese caso, lamentablemente, se tiende a hacer una inversión depredadora, que desestimula a quienes quieren hacer las cosas bien. Pero también hay que considerar el razonamiento opuesto: ¿tiene el poder público que decir que en este lugar sólo queremos turistas de este poder adquisitivo y no de otro? ¿Por qué los políticos tienen que establecer hasta el tipo de baldosas de las habitaciones de los hoteles?

Evidentemente, la mejor solución a este tipo de conflictos es el consenso social. Cuando hay acuerdo en hacer las cosas de una determinada forma, cuando los empresarios y la sociedad entienden que es importante seguir determinados cánones, entonces no es necesaria la regulación. Pero si esta se tuviera que producir, desde luego lo más conveniente es que no sea una batalla electoral que es lo que está ocurriendo en Canarias en estos momentos.