La oferta turística ilegal tiene los días contados desde esta semana, cuando la dirección general de Turismo en Baleares ha iniciado el Plan de Inspección a la oferta de alojamiento. El control de la publicidad y la comercialización ilegal de estancias turísticas en viviendas centrará el foco de atención de dichas inspecciones.
Al alquiler turístico se le sumarán las inspecciones rutinarias a establecimientos con pensión completa integral y vehículos de alquiler, que también han sido ofertados para alquiler turístico, en el caso de algunas furgonetas. Por ello, la oferta publicada en Internet se controlará de manera específica con la comprobación de datos que apunten a una actividad fuera de la normativa turística.
La campaña de control de esta temporada, y prevista para todo este 2017, se centra en la supervisión de la oferta en hoteles, aparta-hoteles y apartamentos turísticos, “con especial atención a la sobre-ocupación, y auto-evaluaciones de establecimientos radicados en zonas maduras presentadas durante la vigencia del decreto 20/2011”, según informa el Gobierno Balear, refiriéndose a la clasificación de la categoría de los establecimientos.
Con ánimo de conservar una oferta turística “de alta calidad”, el Gobierno de las Islas ha iniciado ya acciones conjuntas con otras administraciones públicas, como la Agencia Tributaria estatal y autonómica.
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La presión fiscal y la inspección del Govern tienen que ser de tal intensidad que disuada el alquiler turístico. El 50 por cien de los ingresos deberían repartirse entre los vecinos de cada vivienda alquilada a turistas y, además, gravar la actividad al máximo de lo que permita la ley. Los propietarios deberían abonar la ecotasa de los huéspedes.