Las empresas de alquiler de coches que operan en las Islas Baleares creen que el nuevo impuesto medioambiental que ha proyectado el Gobierno de José Ramón Bauzá para el uso de estos vehículos provocará el desvío de turistas hacia otros destinos con precios más competitivos.
Expansión recoge hoy los testimonios de la patronal Feneval, que recalca que la medida “se produce en una zona, como son las Islas Baleares, enormemente sensible a cualquier incremento de precios”.
El aumento del 15% previsto para las tarifas de este sector a cuenta de la nueva tasa ecológica, con la que el Ejecutivo autonómico pretende recaudar 15 millones de euros, repercutirá al alza sobre los paquetes de los mayoristas, según José María González, director general de Europcar, quien subraya que el coche de alquiler es la forma prioritaria de transporte para la mayoría de turistas de Mallorca, Menorca e Ibiza.
González ha añadido que "si el impuesto sale adelante, los precios del alquiler de coche subirán de tal manera que muchos turistas se plantearán cambiar de destino” y ha avanzado que la reducción de los márgenes podría obligar a reducir las flotas y “algunas compañías verse forzadas a irse de las islas”.
Las compañías de alquiler de vehículos con y sin conductor han solicitado reuniones al Gobierno Balear, de momento sin éxito. También Feneval ha pedido diálogo al equipo de Bauzá antes de que se apruebe definitivamente la reforma impositiva, que incluye así mismo un aumento del impuesto a los grandes consumidores de agua como los hoteles.
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Es evidente que desde que la construcción ha dejado de ser la gallina de los huevos de oro para Baleares, nuestro gobierno autonómico y ayuntamientos se devanan los sesos buscando nuevas fórmulas impositivas que permitan seguir financiando el sistema, pero si se aprieta más de la cuenta estrangularan al único sector que realmente aún funciona en este depauperado país: el turismo. Convendría que nuestros gobernantes, además de inventarse nuevas tasas e impuestos y aplicar recortes varios, reflexionaran sobre la posibilidad de reducir el enorme coste que conlleva mantener la desproporcionada maquinaria autonómica, los consells, ayuntamientos y empresas públicas con plantillas, en muchos casos desproporcionadas para el nivel de la actividad económica actual y con políticos cuyo coste global (sueldos, dietas, pluses, móvil, etc) está claramente muy por encima de su rendimiento. Pero claro, lo de reducir el gastos, este "gasto", solo nos interesa a los ciudadanos de a pie.