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EDICIÓN ESPAÑA

Destinos | La norma será votada este martes en el Parlamento balear

Ley de Turismo balear: 87 millones y 2.000 empleos para este invierno

El grupo parlamentario popular ha destacado este lunes que la nueva ley general turística de Baleares, que este martes se votará en el Pleno del Parlament para su aprobación definitiva, prevé una inversión inicial para este invierno 2012-2013 de 87 millones de euros, que pertenecerán a 52 proyectos de inversión, y supondrá la creación de 2.000 puestos de trabajo, de los que 355 corresponderán al sector de la hostelería y 1.560 al de la construcción, además de otros 250 puestos de trabajo indirectos.

 

Así lo ha destacado en rueda de prensa la portavoz en materia turística del PP, Lourdes Bosch, quien ha añadido al respecto que la realización de estas inversiones permitirá también que 1.128 puestos de trabajo alarguen su periodo de actividad, puesto que habrá una prolongación dos o tres meses.

 

Con todo, ha aclarado que la realización de todos estos proyectos no representará “nuevo consumo de territorio“, sino que exclusivamente responde a actuaciones de rehabilitación y modernización de edificios ya existentes, que implicarán la reconversión de 11.548 plazas.

 

Se trata de unas estimaciones que parten, según ha dicho, “de una previsión realista y teniendo en cuenta la situación de crédito en estos momentos”.

 

Por otro lado, Bosch ha destacado asimismo que se han aprobado 75 enmiendas de “común acuerdo” por parte de todos los grupos políticos, un 65% han sido presentadas por el PSM-IV-ExM y el 35% restante por el PSIB-PSOE. Este dato demuestra “la clara voluntad del Govern de alcanzar el máximo consenso con una ley que es tan importante para las Islas Baleares”, ha afirmado.

 

Por otro lado, el diputada ‘popular’ ha remarcado que el cambio de uso, “que quiere demonizar la oposición”, es una posibilidad que “no  ha inventado el PP, sino que es algo que ya existe desde antes de la aprobación de la nueva normativa”.

 

La novedad radica en que la nueva normativa acuerda que “el 5% de la inversión que se haga en la rehabilitación revierta en la zona para su mejora”, es decir, que con ello “se pretende beneficiar a los municipios”, ha argumentado, al tiempo que ha apuntado que tampoco es cierto que quiten competencias a los municipios, puesto que “el último que decide es el propio Ayuntamiento”.


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