La oferta turística ilegal es ya la cuarta parte de la regulada

La oferta de alojamientos turísticos ilegales alcanza ya el 25,07% de la regulada, un porcentaje que pone de manifiesto un problema que se agudiza de año en año, por lo que los hoteleros han pedido públicamente al Gobierno una modificación nacional de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permita acabar con la competencia desleal.

La situación, tal y como se ha puesto de manifiesto desde las diferentes asociaciones hoteleras, es muy grave, ya que en estos momentos, según Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en España hay alrededor de 800.000 plazas de alojamiento ilegales, lo que supone no sólo “una competencia desleal al sector reglado”, en el que se contabilizan alrededor de 3.200.000 plazas, sino “un fraude total desde el punto de vista fiscal”, por lo que el control de esta oferta se hace cada día más necesario.

El problema, según recoge la revista Preferente, no es exclusivo de una zona turística o de una comunidad autónoma concreta, sino que se extiende por toda la geografía española; es más, en algunos casos, como el de Barcelona, hace años que se optó por la puesta en marcha de una normativa específica que, en tan sólo 10 meses de funcionamiento permitió el cierre de más de 700 pisos que funcionaban como alojamientos ilegales.

Madrid

Esta regulación de la Ciudad Condales la que ahora reclaman desde todas las asociaciones, por entender que es la única forma de luchar contra este tipo de oferta; es más, el secretario de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Juan Gil, asegura que en estos momentos en la capital existen alrededor de 3.000 viviendas para uso turístico ilegales, lo que podría superar las 10.000 plazas.

Este hecho es el que les lleva a exigir una legislación de ámbito nacional que regule y controle la utilización de los inmuebles residenciales que, además, “se ofrecen cada vez en mayor número a través de webs especializadas, algunas muy importantes, y por periodos de tiempo inferiores a un mes, en evidente situación de competencia desleal para los establecimientos hoteleros dela Comunidad de Madrid”.

Gil considera que es urgente abordar esta situación, de la misma forma en la que lo están haciendo otros destinos turísticos como Nueva York o Barcelona, porque no hay que olvidar “el derecho de las empresas de hospedaje a que no se compita con ellas por el mismo segmento de mercado, el de los turistas que vienen a Madrid para estancias cortas, sin las mismas exigencias que cumplen los establecimientos de hospedaje sometidos a regulación”.

Y a todo ello hay que sumar el “perjuicio que esta actividad incontrolada esta causando a los empresarios del sector que cumplen escrupulosamente la normativa y sus obligaciones administrativas y fiscales”, sin olvidar, “el daño a los vecinos que habitan en estos edificios y los graves problemas que puede plantear la inexistencia de medidas de seguridad y la falta de control sobre sus ocupantes, como exige el Ministerio del Interior a los establecimientos hoteleros”.

Mallorca

Esta situación no difiere mucho de la que se vive en las zonas turísticas costeras, hasta el punto de que la gerente de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma de Benito, asegura que la oferta ilegal “ha crecido con los años, primero por el 'boom' de la construcción, y después por la dificultad de la venta de viviendas, lo que ha llevado a más propietarios a alquilarlas por días, horas, semanas… En definitiva, vendiendo de forma ilegal en todas las temporadas incluso con alquiler por habitaciones”.

El problema, según De Benito, se ha agudizado de forma especial en Palma, ciudad donde no se tenía tan identificado, pero en la que durante los últimos dos años ha aumentado enormemente el número de viviendas y habitaciones comercializadas, normalmente a través de Internet y portales especializados en reservas.

Solucionar esta problemática no es fácil, si bien, tal y como apunta Inma de Benito, la FEHM trabaja varias líneas para evitar este tipo de conducta, que pasan por “denunciar este tipo de situaciones allí donde las identificamos, intentado avisar a las administraciones de lo que esta pasando, y solicitándoles, ejerciendo labores de lobby que nos corresponden, que se establezcan las limitaciones legales oportunas para poner fin a esta situación”.

Además, como recuerda la portavoz empresarial, hay que tener en cuenta que “la oferta ilegal en muchas ocasiones ofrece servicios complementarios de limpieza, comida y bebida y normalmente lo hace con trabajadores contratados de forma precaria y, por tanto, desarrollando una actividad fuera de la ley”.

Así las cosas, la patronal hotelera tiene depositadas sus esperanzas en la nueva Ley del Turismo de Baleares, que “establece las bases para que se pueda denunciar y erradicar esta práctica, que sólo trae empleo precario, competencia desleal a los establecimientos legales y mala imagen por el peor servicio que se proporciona al cliente, lo que, en muchas ocasiones, le provoca insatisfacción generalizada con lo que esto supone para un destino”.

Comunidad Valenciana

En el caso de la Comunidad Valenciana, la situación también ha alcanzado dimensiones más que considerables, dado que, según ha explicado Javier Murguía, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunitat Valenciana (Valtur), el 64% de los alquileres de los apartamentos turísticos son ilegales. La asociación ha detectado gran número de pequeñas inmobiliarias “ilegales”, que operan en la red sin papel alguno, con la ventaja que ello supone respecto a otras vías de comercialización, por lo que se ha pedido a la Consejería de Turismo que regule esta situación, máxime, porque, “aparte de competencia desleal, están generando una economía sumergida cada vez mayor”.