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Destinos | Aboga por usar la Business en "casos excepcionales"

El Gobierno pide a sus altos cargos que viajen en turista

Viajar en transporte público y en clase turista. Estas son dos de las ocho indicaciones que los directivos del sector público con contratos mercantiles o de alta dirección deberán seguir a la hora de programar sus desplazamientos, en atención “a los actuales criterios generales de austeridad, eficiencia y transparencia”, según indica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 

El departamento dirigido por Cristóbal Montoro dictó una Orden el pasado 31 de julio, que ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a partir de este viernes con el objetivo de recortar gastos.

 

El Ministerio insta a los altos directivos a la “utilización con carácter general del transporte público en los desplazamientos”, cuando el uso del vehículo particular no sea la opción más económica. Si el viaje debe realizarse en avión o tren, Hacienda les indica que deben acogerse también “con carácter general” a la tarifa turista, salvo en casos excepcionales.

 

Pero la cosa no acaba aquí. El Ministerio de Hacienda pide a los altos directivos que utilicen, preferentemente, “medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos”, como videoconferencias. Si esta opción no fuera posible, deben aplicar “criterios restrictivos en cuanto al número de personas a desplazar” para evitar “desplazamientos innecesarios” de equipos de trabajo.

 

Los altos directivos también deben ajustar al máximo el inicio y el final de su desplazamiento, para evitar “antelaciones o prolongaciones injustificadas” de estancia en destino; hospedarse en los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito centralizadamente por la Administración General del Estado o por el Ministerio de adscripción; y anticipar la compra de los billetes para optimizar costes.

 

Las entidades del sector público estatal a cuyos máximos responsables y directivos se refiere la Orden dictada por el Ministerio de Hacienda tienen dos meses para adaptar sus normas y directrices internas a lo previsto en ella.


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