El Ejecutivo canario ha hecho frente por fin a la situación de alegalidad en la que se encuentra la actividad de los alquileres vacacionales en el Archipiélago. Durante una reunión con la ahora llamada Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que se ha producido este miércoles tras muchos intentos anteriores, Paulino Rivero, presidente de Canarias, ha reconocido la relevancia económica y social que tiene para las Islas esta actividad.
Así, Rivero se ha comprometido, según ha explicado Doris Borrego, presidenta de Ascav, a crear una mesa de trabajo en la que se estudiará de qué manera regular la situación de más de 53.000 familias viven del sector en Canarias.
A la reunión acudieron además del presidente, el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente y un miembro de Gesplán (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental del Gobierno de Canarias), así como el abogado de la asociación, Javier Valentín y su portavoz y presidenta.
Borrego ha manifestado su satisfacción tras el encuentro y se ha mostrado muy optimista con la actitud del Gobierno canario. “Nosotros hemos expuesto nuestro ideario y le hemos facilitado todos los datos económicos y sociales del alquiler vacacional”, ha dicho la presidenta. Asimismo, “le hemos explicado que los propietarios tenemos miedo por las altas cuantías de las multas”.
El presidente canario se reunirá de nuevo con los portavoces de Acav para dar respuesta a su petición de legalizar el alquiler vacacional en Canarias, una vez estudiados los datos existentes.
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