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EDICIÓN ESPAÑA

Según un informe de Catpe

El levantamiento de la moratoria turística en Canarias generaría 80.000 empleos

El levantamiento de la moratoria turística en Canarias permitiría crear más de 80.000 empleos relacionados con el Sector y construir 70.000 nuevas camas, según se desprende del segundo informe del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) sobre competitividad turística en el archipiélago.

 

Los principales diarios canarios recogen este martes las conclusiones de dicho informe, en el que se resalta que la prohibición del crecimiento turístico “no ha logrado fomentar la sostenibilidad, sino caminar justo en el sentido contrario”. Además, el estudio revela que en la actualidad existen más de 100.000 camas bloqueadas por la moratoria.

 

“Las sucesivas moratorias no han producido la pretendida congelación del número de camas. Al contrario, en vez de crecimiento cero, en una primera fase se provocó un crecimiento desproporcionado por la avalancha de construcción de nuevas camas. En la fase posterior se redujeron las capacidades alojativas por expulsión del mercado y una parte importante pasó a operar de forma clandestina”, explicó Antonio Garzón, miembro de Catpe, durante la presentación del informe.

 

De derogarse la moratoria, no se ocuparía la totalidad del suelo turístico existente en Canarias –con capacidad para 100.000 nuevas camas-, sino que se construiría un 60 por ciento en los próximos diez años, lo que generaría 70.000 nuevas plazas. Esto supondría la creación de 50.000 nuevos empleos estables, además de 10.000 relacionados con el sector de la construcción. Este estudio revela que se crearían otros 20.000 empleos en proyectos asociados al turismo, como parques de ocio o centros comerciales.

 

Mientras los empresarios turísticos solicitan la abolición de la moratoria, el Ejecutivo canario se enfrenta al pago de indemnizaciones (Canarias se enfrenta al pago de otras 4 indemnizaciones), a causa de la paralización del proyectos que quedaron paralizados a causa de la moratoria. De momento, se reclama el pago de más de 200 millones de euros por doce proyectos frustrados.


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