Competencia mantendrá un encuentro con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional para abordar su reclamación contra el decreto autonómico que regula el sector y que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. La agrupación pide cambios en la normativa que deja fuera de regulación al 90 por ciento de los propietarios de viviendas vacacionales del Archipiélago, lo que afecta a unas 53.000 familias, según sus cálculos.
La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, ha pedido al Ejecutivo regional la modificación del decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales en Canarias, que suspenda los artículos 3.1 y 3.2 y que paralice el régimen sancionador que puede derivarse de ellos, según recoge El Día.
El arquitecto y urbanista Hugo Luengo ha señalado que el primer artículo citado crea una nueva categoría alojativa, la de la vivienda vacacional, que luego prohíbe en el segundo artículo al establecer que no será posible su uso en zonas turísticas, lo que implica "dejar fuera de juego al 12 por ciento del PIB" del turismo canario.
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