Al banquillo la cúpula del gobierno de Formentera por el 'caso Punta Prima'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza sentará en el banquillo al presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, a los consellers Sonia Cardona y Bartomeu Escandell, así como al ex conseller Josep Mayans, por el caso Punta Prima.

El proceso nace de la querella presentada en 2012 por el empresario alemán Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, después de que el equipo de gobierno de Formentera decidiera cambiar la calificación de parte de sus terrenos, en los que tenía pendiente construir la segunda fase de su proyecto.

Todos ellos serán juzgados por los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones. El juzgado impone, además, a los encausados una fianza de 500.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso de no abonarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada, explica el auto.

Se trata de la segunda vez que el Juzgado de Instrucción número 4 intenta abrir juicio oral contra la cúpula del gobierno de Formentera por este caso. La anterior fue en junio de 2015, pero la defensa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), ya que en la querella figuraba también la diputada por Formentera en el Parlament balear, Silvia Tur, que debía ser juzgada ante el Alto Tribunal por su condición de aforada.

En abril de 2017 el TSJB archiva el caso, pero tras un recurso de la propiedad vuelve a abrirlo en julio, saca a Silvia Tur de la causa y se la devuelve al Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza para que siga adelante con el resto de procesados.

El caso Punta Prima cumple más de cuatro lustros en la administración. El antiguo Ayuntamiento de Formentera, ahora Consell, dio inicialmente luz verde a todo el proyecto de Sunway, que luego se desarrolló sólo hasta la mitad.

La Ley del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera recalificó la zona como periférica a la zona de protección, a pesar de que la empresa promotora ya contaba con sentencias judiciales favorables para completar su proyecto. Unas sentencias a las que el Consell trató de hacer frente con las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 2011. Sin embargo, el Tribunal Supremo recalificó de nuevo como urbano el 70% del suelo reclamado por la promotora.

El juez de Instrucción que juzgará a la cúpula del Consell de Formentera considera, desde su auto de procesamiento de 2015, "evidente que las actuaciones denunciadas [...] por medio de resolución de ordenación urbanística (Normas Subsidiarias) pudieron contradecir el tenor literal de una resolución judicial del Tribunal Supremo que reconocía derechos y generaba expectativas; frustraron dichas expectativas; generaron determinados perjuicios y presentaban, en su motivación, déficits o contradicciones aparentes con la referida resolución judicial [...]".

El Consell de Formentera se enfrenta, además, en este caso a la mayor reclamación patrimonial de su historia, que ascendía a 29 millones de euros en 2017. El presupuesto del Consell en esta isla en 2017 era de 30,1. La cúpula del Consell ha basado su defensa en la presunta protección del territorio y en evitar la urbanización de esta zona de la isla, limítrofe con el Parque Natural.

En el escrito de acusación, Sunway recuerda que, cuando los acusados ganaron las elecciones, en su programa electoral prometieron no incrementar la edificabilidad global de la isla. "No obstante, una vez alcanzado el poder, familiares y amigos de los querellados querían construir nuevos edificios cuyo volumen excedía la global edificabilidad existente entonces, por lo que tales deseos resultaban contrarios e incompatibles con el citado compromiso electoral de no aumentar la edificabilidad global de la isla".

"Ante ese dilema", explican en su escrito, "encontraron la siguiente solución: anular los derechos edificatorios existentes entonces vigentes y sin ejecutar sobre los solares urbanos vacantes de los querellantes, a fin de trasladarlos a otros ámbitos, propiedad de allegados. De esta forma, mantenían la edificabilidad global de la isla que se encontraron en el momento de asumir el poder administrativo de la misma, únicamente cambiando el ámbito de Punta Prima donde se había previsto esa edificabilidad, sin ejecutar a otros ámbitos".

El plan lo materializaron, subrayan, "declarando como Espacios libres públicos de obligada cesión gratuita al Consell el 90% de los solares urbanos vacantes (edificables) de los querellantes".