La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) considera que la multa de 120.000 euros impuesta por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (Aesa) a Enaire por ausencias "repetidas" de los controladores obedece "a un interés por seguir privatizando el servicio de control aéreo" (Varapalo a Enaire por ausencias “repetidas” de los controladores)."Para ello no dudan en descalificar y devaluar tanto la labor de los controladores aéreos como la de la actual equipo de gestión de Enaire, poco proclive a seguir privatizando este servicio de interés estratégico nacional".
En una carta dirigida a preferente.com, USCA asegura que "un mayor conocimiento por los profesionales del órgano inspector, del trabajo y de las funciones propias del controlador planificador o ayudante, hubiera hecho entender que las "ausencias" son parte y requisito de nuestra labor, no un incumplimiento".
USCA explica que un controlador aéreo "ficha" en cada servicio que realiza al entrar por la puerta exterior del recinto, al entrar en el edificio, al entrar en la sala de control o fanal de torre y en la propia posición de trabajo, cada vez que se sienta a desempeñar sus funciones. Además de que firman "de su puño y letra" en la hoja de servicio al comienzo del mismo. "Hablar de absentismo es desconocer esa realidad".
USCA explica que Aesa controla el trabajo de los controladores de dos formas: por la lectura de los registros informáticos del tiempo de ocupación de las posiciones de trabajo y por inspecciones físicas. Cada que vez que un controlador se sienta a trabajar introduce en su pantalla de radar su tarjeta personal de identificación, que permanece en esa situación hasta que es relevado: tanto el controlador ejecutivo como el planificador.
USCA explica que el sistema que almacena esa información, Genius, ha registrado múltiples incidencias y errores desde que fue implantado hace dos años. Errores en la lectura de las tarjetas, en los tiempos de ocupación o en la propia identificación. Por todo ello, USCA asegura que "de la lectura fría de los registros informáticos sin la correspondiente explicación de trabajador, supervisores y jefes de sala no se deben extraer conclusiones tan alarmistas: en una situación de relevo complicada, lo menos importante es la tarjeta, lo importante es mantener la seguridad de tripulaciones y pasajeros".
Además, los controladores aéreos afirman que en las inspecciones físicas realizadas por AESA se ha anotado como ausencia o abandono de la posición de controlador planificador o ayudante todas aquellas coordinaciones entre diferentes sectores, con los controladores militares y otras circunstancias, que no pudieron hacerse vía línea telefónica o cuya urgencia exigió la inmediatez del desplazamiento físico del ayudante, tal y como recoge el Reglamento de la Circulación Aérea. Éste desplazamiento físico no sólo está permitido sino que es obligatorio en esos casos de urgencia, concluye USCA en su escrito.
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Siempre, en el mundo aeronáutico, han tenido la potestad de aplicar, tanto las sanciones como los premios, personas arribistas que han demostrado un desconocimiento supino del sistema, a la vez que un ansia desmedida de protagonismo para un medrar no merecido.
Privatización YA!
Y, no sólo privatización, lo que necesita el espacio aéreo de España es una reorganización de la sectorización, ya que es un despropósito. Por ejemplo, la zona norte cuenta con APP en las torres de: Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Pamplona (me parece que no me dejo ninguno). Entre todos estos aeropuertos no llegaron a las 100k operaciones el año pasado. No sería más lógico y económico concentrar el servicio de APP en un solo centro?
El problema es que hay muchas bocas que alimentar y Enaire tiene muchos favores que pagar. Y como siempre, donde hay monopolio estatal, hay una Red clientelar enorme, cargada de pnepotismo y enchufismo.
A estos controladores del USCA se les está acabando el chollo y la impunidad. Aunque no ha tenido mucho eco en prensa, prácticamente todos los que colapsaron y cerraron el espacio aéreo español en un puente de la Inmaculada han llegado a un acuerdo extrajudicial con el colectivo de afectados representado por el bufete de abogados Cremades Calvo Sotelo y se han declarado culpables. Están teniendo ya que pagar millones de euros en indemnizaciones.