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EDICIÓN ESPAÑA

Como medida para la lucha antiterrorista

Las aerolíneas, obligadas en España a dar datos de pasajeros para cruzarlos con la policía

El Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) ya está lista para comenzar a funcionar en España, según publica El País. Según fuentes del citado medio, la polémica medida, que en otros países ha causado gran revuelo (México amenaza con multar a las aerolíneas europeas que no den datos de sus pasajeros) ya cuenta con un borrador de ley al que solo le falta recibir el visto bueno y las aportaciones de los distintos organismos afectados (policiales y judiciales).

 

El PNR cruzará tres millones de datos de pasajeros diarios con las bases policiales del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde se ubicará la Unidad Nacional de Información de Pasajeros (UNIP). Allí se almacenarán y transferirán los datos personales de los viajeros enviados por las compañías aéreas. El sistema lo auditará la Agencia de Protección de Datos, explica el rotativo (La UE creará una megabase de datos de pasajeros para luchar contra el terrorismo).

 

Los datos los enviarán las aproximadamente mil compañías aéreas que operan en España a la nueva UNIP, de reciente creación e instalada en el CITCO. Allí serán procesados, almacenados y transferidos por un sistema informático que ha costado cuatro millones de euros y permanecerán operativos seis meses (Interior prepara un fichero de pasajeros de avión para detectar yihadistas). A los cinco años desde su obtención tendrán que ser destruidos. Todo el sistema será periódicamente auditado por la Agencia de Protección de Datos y sus responsables deberán realizar un informe estadístico anual para la Comisión Europea. Así lo recoge la directiva europea del 27 de abril de 2016.

 

El PNR comenzó su andadura en Europa en 2012 y desde el minuto uno ha generado gran incomodidad, sobre todo en lo que tiene que ver al uso y protección de datos de los viajeros. Esta medida solo se podrá comenzar a usar en España una vez que se realice la implantación interna de la directiva a la normativa española, y se convierta en ley orgánica puesto que afecta a derechos fundamentales y requerirá la aprobación de la mayoría de los grupos parlamentarios.


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