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EDICIÓN ESPAÑA

La Cámara de Barcelona quiere un asiento en El Prat

La Cámara de Comercio de Barcelona no quiere quedarse fuera del órgano que supervisará la concesión del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La institución que preside Miquel Valls quiere hacerse con uno de los asientos, y ha emitido un comunicado en el que considera que le corresponde a ella, y no a otra entidad, la “representación de la sociedad civil y el mundo empresarial” en el ente supervisor.

 

La institución, que en esta hipotética carrera competiría con entidades como el Círculo de Economía o Fomento del Trabajo, entre otras, sustenta su candidatura sobre dos argumentos: su función de velar por los intereses de las empresas y el buen funcionamiento del comercio, y su labor en el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA) de Barcelona.

 

La Cámara de Comercio, sin embargo, deberá esperar, ya que los detalles sobre este órgano rector no se darán a conocer hasta el último trimestre del año, momento en el que se hará público el nombre de la empresa adjudicataria de la gestión de la infraestructura.

 

Por ahora, tan sólo se sabe el peso de cada institución: Aena Aeropuertos nombrará a cuatro consejeros por dos representantes de la Generalitat, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona designará a un consejero, al igual que los ayuntamientos de El Prat, Sant Boi y Viladecans, que tendrán un representante común. El último asiento, y al que aspirala Cámara, es el que dará voz a los agentes económicos.

 

De esta manera, las instituciones catalanas se han garantizado una posición determinante en esta sociedad, que junto a la concesionaria, marcará la estrategia de El Prat. El objetivo inicial del Govern, no obstante, era estar en el consejo de administración de la concesión, pero esta opción fue descartada desde un primer momento por Aena.

 

El gestor aeroportuario ha fijado en 3.760 millones de euros el pago inicial que deberá abonar el futuro gestor privado dela infraestructura. A esta cantidad se añadirá un cánon anual, correspondiente al 20% de los ingresos de concesión, que rondaría en total un mínimo de 1.800 millones de euros.


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