Comienza el macrojuicio a 133 controladores aéreos en Madrid

El juicio contra los 133 controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, provocando el cierre del espacio aéreo español y un estado de alarma de 43 días, comienza este jueves en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.

El juicio madrileño, el más numeroso, es el segundo que se celebra tras el procedimiento llevado a cabo en Palma, donde los acusados reconocieron los hechos y asumieron las indemnizaciones, previo acuerdo con la Fiscalía. En el caso de Madrid, sólo hay siete personas que no han admitido el delito (El juicio a los 82 controladores de Baleares será por turnos para evitar otro caos aéreo).

El resto acordó con el Ministerio Público reconocer el abandono colectivo de sus puestos de trabajo y aceptar el pago de un mínimo de 1.000 euros de indemnización por daño moral a cada uno de los 15.190 afectados que denunciaron, además de otros 150 euros por daños derivados de los gastos sufridos. En total, 17,5 millones de euros, de los que han pagado ya más de 15 millones.

Los hechos denunciados por la Fiscalía y una de las acusaciones particulares (más de 12.000 afectados representados por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo) revelan que “la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica, al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de sala un documento escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo”, publica El Mundo (Los controladores: 20 millones para poder evitar la sedición).

Las acciones sujetas a juicio provocaron la cancelación de 1.352 vuelos programados para los días 3 y 4 de diciembre de 2010 produciendo “perjuicios al servicio público presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”, según el escrito de acusación de la fiscal Ana Cristina Sanz Álvarez.

Los vuelos afectados no sólo fueron aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino también los que cuya ruta cruzaba el espacio aéreo controlado desde el centro madrileño, ubicado en Torrejón de Ardoz y responsable del tránsito de casi las tres cuartas partes del territorio aéreo nacional.