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EDICIÓN ESPAÑA

La Unión Europea condena a España por favorecer a Renfe

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según Expansión, condena a España a modificar su legislación ferroviaria ya que considera que los criterios de adjudicación de infraestructura mantienen las ventajas de Renfe, y no garantiza la independencia de Adif respecto del Gobierno.

 

La sentencia implica que España deberá adaptar su legislación lo antes posible, y "si la Comisión considera que no lo hace o que se retrasa, impondrá cuantiosas sanciones que irán aumentando con el tiempo", informa el citado medio.

 

"España puede esgrimir que está liberalizando el sector, para lo que ha marcado el próximo julio como fecha, pero fuentes conocedoras del proceso apuntan que éste se alargará y que está por ver si se garantiza la independencia del administrador", agrega, con lo que se podría persistir en el error que denuncia Bruselas.


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    Luis
    11 años

    La Ministra Ana Pastor hace muy bien en aplazar la liberalización ferroviaria. No se concibe que nosotros tengamos que liberalizar mientras a nuestros vecinos se les permiten aplazamientos sine die. En este juego no podemos jugar solos. Y nuestra estructura ferroviaria nos ha costado mucho dinero para que ahora el negocio lo hagan otros.

    ciherpica
    11 años

    El comisario pertinente no dice ni pío cuando se trata de alemanes o franceses. Sin duda, y como comenta Luis, mi casa la hago, la pago y la uso yo. Que me venga ahora a decir que tengo que cederla para que se aprovechen de ella en pos de la defensa de un modelo capitalista de explotación ferroviaria, anda ya!

    Numancia
    11 años

    La liberalización del ferrocarril no se debe hacer con prisas, sin orden ni concierto, presionado principalmente por los "lobbies" empresarios de este pais, que son los que se llevarán la tajada a un precio de saldo en los activos de Renfe y otras empresas públicas, miremos a otros paises de nuestro entorno que han optado por ralentizar y establecer un programa asentado en intereses sociales, que permita una garantía para los servicios públicos que se deben prestarse a la sociedad para todas las capas y niveles sociales.

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