Visto bueno del Supremo a nueve hoteles en Meloneras

El Tribunal Supremo da la razón al grupo Santana Cazorla en la invalidez de los contratos de compra-venta de suelo a las empresas Satocan y Lopesan por la familia Castillo. La sentencia, después de 30 años de litigio, supondrá la liberación de nueve parcelas de 440.000 metros en Meloneras, al sur de Gran Canaria, para la construcción de nueve hoteles que podrían alcanzar los 400 millones de euros.

En 1985 la familia Del Castillo, una de las principales tenedoras de suelo turístico en Gran Canaria, contrató a Santana Cazorla para urbanizar la zona B de Meloneras y de otro enclave denominado Lomo Maspalomas. En el acuerdo, la constructora se quedaba con el 50 por ciento del suelo una vez concluido el trabajo. Las parcelas quedaron ociosas hasta que en 2001 rescindieron el contrato con Santana Cazorla, que se opuso a la decisión.

Del Castillo vendió por 30 millones de euros los terrenos a Lopesan y Satocan, incluido los títulos consolidados de edificabilidad. En 2009 un juzgado de Primera Instancia de Las Palmas admitió la vigencia del contrato entre Santana Cazorla y los Castillo, abriendo así la puerta a una revisión del proceso con derechos indemnizatorios. Otra sentencia posterior de la Audiencia Provincial reconoció los mismos hechos y Lopesan y Satocan recurrieron en casación. Seis años después del primer fallo judicial, el Tribunal Supremo zanja el asunto reconociendo la validez del contrato de Santana Cazorla de manera que el reparto de parcelas quede como en el acuerdo inicial y en el plan parcial de Meloneras.

En la actualidad, en Meloneras operan unas 16.000 camas entre los hoteles de Lopesan, Riu y uno más de Álvarez y Chirino que gestionaba H10. Lopesan es uno de los empresarios con mas peso en la zona y mantiene una disputa con Riu, que quiere modernizar el Oasis del Faro de Maspalomas. Lopesan predomina en Meloneras, donde ha proyectado un gran centro comercial y dos hoteles más de cinco estrellas.

Con la sentencia del Supremo, otros operadores entrarían en competencia dentro de Meloneras, ya que se liberarían 440.000 metros de suelo (200.000 edificables) que constan en el Plan General. Las previsiones empresariales estiman construir en los próximos años nueve hoteles, con una inversión de 400 millones de euros para alojamientos entre 300 y 400 camas, según Expansión.

Tras la anulación de la compra-venta, el reparto de la zona B de Meloneras otorga el 41% del suelo a Santana Cazorla; otro 41% a la familia del Castillo; un 8% a Lopesan y un 10% restante al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en concepto de espacios públicos. Los servicios jurídicos de Lopesan estiman recurrir al Tribunal Constitucional y podrían entablar un pleito por daños y perjuicios contra la familia Del Castillo.