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EDICIÓN ESPAÑA

Crónica del fin de semana

Por qué se vive un caos legal en los alquileres turísticos

La ausencia de liderazgo político está conduciendo a que el país acabe con 17 normativas, contradictorias entre sí
Las consecuencias sociales y económicas de la falta de regulación de este negocio puede terminar pasando una costosa factura sobre el turismo

España, un país turístico, tradicionalmente bien estructurado en cuanto a su legislación sectorial, está empezando a perder la coherencia y claridad debido a la enorme confusión y descontrol que se están creando en torno a los apartamentos turísticos y las ventas online, fundamentalmente a través de Airbnb. El caos tiene que ver con la inhibición por parte del Gobierno central en este asunto y la multiplicidad de intereses por parte de las autonomías, que están convirtiendo el país es un muestrario de legislaciones, intereses, disposiciones y normas que son un pastiche multicolor, frecuentemente contradictorio entre sí.

 

airbnb-berlinNo es un asunto simple, pero no obstante con un poco de coordinación se hubiera podido evitar el enorme lío presente. El conflicto planteado por el alquiler vacacional en España es descomunal y, por supuesto, no puede acabar bien. Las razones son complejas, pero vamos a analizarlas.

 

En primer lugar, el alquiler vacacional y el alquiler normal son difíciles de separar. El primero es competencia de las autonomías porque es turismo y el segundo depende de la legislación básica que aprueba el estado, porque es residencial. ¿Dónde está el límite entre ambos? Evidentemente, si hablamos de una vivienda que se anuncia en un portal turístico, es turismo. Pero ¿se puede alquilar a alguien con la apariencia de un alquiler normal y que una semana después se rescinda el contrato? Evidentemente. Nada impide que un alquiler normal sea por días, aunque no parezca normal. Esto hace que difícilmente podamos tener una buena regulación de lo uno sin tocar lo otro.

 

En segundo lugar, el alquiler vacacional tiene enormes repercusiones electorales que han hecho perder la cabeza a los políticos. Hay varias razones para ello: hay muchos propietarios que quieren alquilar y que tienen capacidad de voto; el alquiler turístico es rentable; el alquiler turístico tiene la garantía de que el piso es recuperable rápidamente. Y esto no hay político que lo resista.

 

En tercer lugar, España no ha tenido coordinación política en este tema. Madrid se ha desentendido del tema –ahora parece recuperar el sentido común– y cada autonomía ha ido por donde le ha parecido. Ahora, en el colmo del despropósito, algunas están traspasando la responsabilidad a los ayuntamientos, para evitar el desgaste que supone decidir en este tema.

 

El problema es que este asunto no es menor. Sus consecuencias son enormes. A saber.

 

Primero porque supone aumentar el número de turistas de forma importante, lo cual es un problema en algunas zona que están ya casi saturadas como Barcelona o Baleares. Segundo, y hasta ahora casi un elemento despreciado, esta práctica altera profundamente el mercado de la vivienda de alquiler, encareciendo los precios y echando del mercado a muchos usuarios. El caso de Ibiza es paradigmático. En tercer lugar, supone una competencia desleal para los hoteles convencionales, sobre los que se aplica una compleja y detallada normativa que hasta fija cuantos metros de zonas comunes tiene que haber por cada cliente. Cuarto, y para nada menos importante, por su propia naturaleza, este negocio tiende a evitar el pago de impuestos. Es como las profesiones liberales que no pagan ni aunque Hacienda se desgañite. Y, finalmente, existe el problema futuro de que, en caso de no crecimiento, los apartamentos vacacionales son mucho más competitivos que los hoteles porque no tienen costes de plantilla y, por lo tanto, podrían generar un problema de graves repercusiones.

 

A día de hoy, pese a la complejidad del asunto, cada uno tira por su lado, intentando sobrellevar el asunto con los menores daños políticos, fórmula perfecta para que al final se llegue a la peor.


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    1 Comment
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    Elizabeth Casañas
    7 años

    Esto más que un llamado a la regulación, parece un clamor por la prohibición.

    Si los hoteles tienen muchas normas innecesarias, ya pueden reclamar que se las quiten en vez de obstaculizar otros modelos de alojamiento más sostenibles que el hotelero.

    Y hacer generalizaciones en cuanto al impago general de impuestos o la falta de generación de empleo, es malintencionado o reflejo de una ignorancia grosera respecto al sector para atreverse a escribir del mismo.

    Es como que yo dijera que todos los hoteles nos roban la luz, porque su sector sea el más sorprendido llevando a cabo esas prácticas. O que todos son exclavistas por el drama de las kellys que poco se preocupan de arreglar.

    Ni que decir de culpar a la vivienda vacacional, y no a la falta de vivienda social, de la falta de vivienda en los destinos turísticos. oops! se le olvidó considerar que el promedio en Europa de vivienda social es del 16% y aquí no llega ni al 2% en estos destinos.

    No. Mejor que dejar de lado el mercantilismo salvaje que hace leyes para proteger a los empresaurios de siempre, mejor es prohibir para recortar libertades individuales sobre la propiedad, la economía doméstica y la movilidad de todos.

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