El Ayuntamiento de Madrid exigirá que la capital sea sede fiscal de las empresas que se dedican al alquiler turístico, como los portales Airbnb o Homeaway y que de esta forma declaren sus beneficios en Madrid.
Desde el gobierno municipal aseguran que de esta forma se comprometerían “con el desarrollo económico del país”, aunque la medida todavía se encuentra en fase de negociación, según apunta El País.
El ayuntamiento anuncia que está preparando un nuevo decreto sobre el sector y ya ha comenzado a reunirse con las plataformas, concretamente lo ha hecho con Airbnb, Por su parte, desde la página admiten que esperan que “la actitud de entendimiento” continúe con las administraciones. Apuestan por la creación de "unas reglas claras que distingan aquellas personas que comparten el propio hogar, de los malos actores".
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, señala que “Nuestra obligación es regular lo que ocurre en la ciudad para que no suponga un problema” a los madrileños y que las actividades, en este caso el turismo, “sean compatibles con la vida y convivencia de nuestros vecinos y vecinas”.
Madrid ya ha propuesto que se fijen un máximo de 60 días al año para alquiler y además, se deberá garantizar que la vivienda sea residencia habitual del propietario y fijar una tasa turística por pernoctación (Madrid negocia con Airbnb para regular el alquiler turístico).
El director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, rechaza las pretensiones del Consistorio, y asegura que no tiene competencias para ello. Señala que "el Ayuntamiento, en materia turística, solo tiene competencias en promoción”.
En su opinión, "se pretende trasladar a Madrid el modelo de Barcelona”, pero la capital no tiene una situación como la de Barcelona", donde existe una tasa turística que aplican los ayuntamientos y “que fue creada por la Generalitat". Recuerda que el sector hotelero es contrario a la tasa turística, “un sobreprecio que paga el consumidor".
Asegura que el fenómeno del alquiler vacacional “ha venido para quedarse” y por tanto, se debe “ordenar” y “armonizar los derechos sobre la vivienda propia y la convivencia vecinal y el entorno”. Así, se intentará definir mejor qué es una vivienda de uso turístico, establecer unos límites “razonables dentro de la legalidad” e implementar medidas para regular el sector.
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Habrá que decirle al director General en materia turistica, de la comunidad, que alguien debe poner orden para que todos los actores turísticos jueguen cpn las mis armas y que no puede ser que un inspector turistico vaya a una Agencia y por no tener el cartelito de hoja de reclamaciones en la zona correspondiente y si a 15 cms, le casque 900€ mientras milloens de €uros vuelna a paraisos fiscales por empresas que ademas hacen que por estas tributando en esos sitios, las que tributan en España no sean competitivas.
Y si no, que les diha a Airbnb que les pague ellos el sueldo de funcionarios