La falta de terrenos amenaza el futuro del Hard Rock Hotel en Tarragona

Los plazos se agotan y el futuro complejo turístico que Hard Rock explotará en Tarragona está en el aire debido al retraso en la compra de sus terrenos cuyo precio real está en manos de un juez. En mayo de 2018 se dio luz verde a la ejecución del proyecto y más de un año después su desarrollo está enquistado en un lío judicial que mantienen los antiguos propietarios del suelo y la Generalitat.

Las negociaciones se han ido complicando con el tiempo. La Generalitat de Cataluña, a través del Incasòl, hizo una opción de compra a Criteria Caixa (el propietario), por 120 millones. La intención era asegurar la disponibilidad de la finca a Hard Rock, pero, para complicar aún más la operación, el precio real del terreno está en manos de un juez, publica La Vanguardia (Luz verde al Hard Rock en el macrocomplejo de Vila-seca y Salou).

Los terrenos, ubicados entre Port Aventura y la autovía que une Salou y Tarragona, son propiedad de Criteria Caixa. En el 2014, el Govern asumió a través del Incasòl la opción de compra por 120 millones cuando Veremonte, empresa impulsora de BCN World, la idea originaria, abandonó el proyecto. Varios de los propietarios iniciales de los terrenos, que fueron expropiados a finales de los ochenta cuando se construyó el parque temático, acudieron al contencioso. Mantienen que sus fincas fueron tasadas en función de unos usos que han variado claramente al alza y ahora exigen una compensación.

La posibilidad que el juez reconozca su versión y determine una retasación ha sido el principal escollo en la operación de compraventa, indica el citado medio. La retasación supondría una nueva carga en la escritura que nadie quiere asumir en solitario, por lo que las partes interesadas han pedido a expertos que valoren cuál es el riesgo y que determinen una franquicia para cubrir el posible sobrecoste de los terrenos.

La Plataforma Aturem BCN World denuncia que la ejecución de compra será superior a los 120 millones de euros previstos inicialmente. Su inquietud llegó al Parlament a principios de verano y, en una sesión de control, el propio Calvet explicó que el Incasòl “ejecutará la opción de compra con luz y taquígrafos” y aseguró que la operación “no tendrá ningún coste adicional y no habrá una inversión pública en este proyecto”.