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EDICIÓN ESPAÑA

Rebelión en ayuntamientos y patronales contra estas medidas ambientalistas

Valencia desclasifica todo el suelo en una franja costera de hasta 500 metros

La Comunidad Valenciana, especialmente su oferta turística y complementaria que está normalmente en las zonas costeras, está en ebullición por la introducción del Pativel, un plan de reordenación de todo el litoral, hasta los dos kilómetros de la costa, que ha elaborado el Govern, y que se encuentra en información pública. Pativel es el nombre del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, que es una iniciativa que desarrolla la legislación urbanística y cuya idea se resumen fácilmente: prácticamente prohíbe toda nueva construcción en los primeros 500 metros desde el mar hacia el interior, y afecta, en menor medida, hasta los dos kilómetros desde el mar hacia el interior. Esto, como es fácil de imaginar, ha puesto de uñas al empresariado, sobre todo porque es un plan sobrevenido, no esperado, y cuyas indemnizaciones pueden ser de dimensiones muy elevadas. Los ayuntamientos, sobre todo aquellos que no sintonizan ideológicamente con el Gobierno de la Generalitat, también han dicho que este proyecto bloquea su futuro económico.

 

El Pativel plantea cambios, reordenaciones, modificaciones de usos en toda la línea litoral de las tres provincias de la Comunidad. Sus efectos tienen que ver con la propiedad privada, con obligaciones derivadas de su puesta en marcha, cambio de usos, y abre el tema de la posible generación de indemnizaciones que algunos califican de importantes. Por lo tanto, es fácil imaginar la revolución que se ha producido. Tanto es así que el plazo de alegaciones se ha tenido que ampliar hasta el 31 de enero.

 

La prensa regional está estos días invadida por noticias sobre la preocupación que supone este plan. Muchos municipios se oponen, especialmente en Alicante, donde además los empresarios promotores han puesto el grito en el cielo.

 

Los promotores acusan a la Generalitat Valenciana de “total falta de transparencia” y de “ahuyentar a los inversores extranjeros”, porque supone una desclasificación masiva de suelo que va a dar lugar a indemnizaciones importantes. “Esto tendrá un coste fiscal y en términos de empleo tremendo para toda la provincia y la Comunitat Valenciana”, advirtió el gerente de Provia, Jesualdo Ros.


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