Armengol desconcierta: fortalece a hoteleros y turistas ricos

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha desconcertado a los sectores más escorados a la izquierda con su nueva ley turística, cuya principal medida es la moratoria para crear nuevas plazas. Esto se traducirá en fortalecer tanto a los hoteleros, al librarles de más competencia, como a los turistas ricos, ya que bajo el dogma de "calidad antes que cantidad" se espanta de las islas al viajero más pobre.

Los hoteleros del archipiélago ven revalorizado su patrimonio ante el veto a nuevos competidores, a la vez que a los trabajadores de base se les reducirá la opción de elegir empresas, con lo que aumentará el poder negociador de los grandes propietarios.

Armengol, durante la presentación de la ley, ha exaltado que la misión es anteponer la calidad antes de la cantidad, lo que supondrá alejar al turista de menos recursos de visitar a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (La izquierda quiere espantar a los turistas pobres).

Durante su presidencia iniciada en 2015, Baleares vino registrando el mayor aumento de su historia de plazas turísticas tanto en hoteles como en viviendas con la permisividad al alquiler de viviendas de corta estancia, lo que conllevó una saturación sin precedentes en veranos como los de 2017 o 2018.

Ahora, la presidenta balear ha primado el cumplimiento de los deseos del sector hotelero en lo referido a una moratoria de nuevas plazas, que supondrá al gremio el mayor impulso de la historia a la revalorización de sus inmuebles, ante el bloqueo a la entrada de nuevos inversores, al mismo tiempo que reducirá la oferta de empleadores.

También Armengol ha plasmado en una ley las medidas que ya desde hace años vienen implantando las principales hoteleras de la isla en lo relativo a sostenibilidad social, con las camas que se elevan, y en sostenibilidad medioambiental, con la circularidad.

Sin embargo, los más perjudicados serán nuevamente las empresas más pequeñas, sin la capacidad de recursos para renovar su producto que sí gozan las más grandes, y que aboca a que muchos de los hoteleros independientes tengan que vender, con la tendencia a que los futuros dueños, en lugar de familias, continúen siendo cada vez más los fondos financieros extranjeros.

Así, esta ley, que refuerza a las fortunas y limita la capacidad de los trabajadores de encontrar nuevos puestos de trabajo, se espera que acentúe en consecuencia la desigualdad, lo que provoca desconcierto entre los más partidarios de ideologías de izquierda por hacer realidad muchos de los sueños de los principales hoteleros en Baleares, a quienes durante años han profesado una notoria animadversión. 

Representantes empresariales como la FEHM han aplaudido el grueso de las medidas, mientras partidos como Vox han puesto el foco en que se perjudica a los más débiles, a la vez que todas las formaciones que no forman parte del gobierno como los regionalistas o los liberales han lamentado que la ley se haya aprobado por decreto y sin alguna prueba de intención de consenso en el Parlamento, como es habitual entre los demócratas.

La planta hotelera en Baleares, que tiene como principales protagonistas a Meliá, Grupotel, Palladium, Globales, Iberostar, Protur, Viva, HSM (Hoteles Saint Michel), Riu o Hipotels, también recibirá ayudas para adaptarse a las nuevas normas de alrededor de 60 millones de euros.

Las respuestas ante ello desde ciertos sectores más progresistas de la sociedad balear han sido de críticas en foros digitales, que señalan que con esta norma conseguirán que los hoteleros logren "la exclusividad de por vida, generación tras generación, ya que sus plazas están a nombre de una empresa que nunca morirá", a la vez que impiden el ascensor social de nuevos emprendimientos, por lo que ironizan sobre el carácter "democrático" de esta norma. "Los de siempre se forran", replican otros, y concluyen sobre sus dudas acerca de quienes "se hacen llamar de izquierdas".