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EDICIÓN ESPAÑA

Insisten en una nueva moratoria

Las agencias estudian acciones legales por el registro documental

Es “un incumplimiento de lo acordado con el Ministerio de Interior, que se comprometió a publicar una Orden Ministerial”, critica CEAV
Recuerda que la normativa “deja en una situación muy complicada a miles de agencias, a las que va a resultar imposible cumplir la norma”

Las agencias de viajes se enfrentan a un “desastre sin precedentes”

Las agencias de viajes están estudiando emprender acciones legales contra la entrada en vigor del polémico RD 933/2021 el próximo 1 de octubre. CEAV ha manifestado que es “un incumplimiento de lo acordado con el Ministerio de Interior, que se comprometió a publicar una Orden Ministerial que regulara el alcance del Real Decreto 933/2021” (Las agencias de viajes se enfrentan a un “desastre sin precedentes”).

La patronal considera que, “tal y como indica la disposición derogatoria única de la normativa anterior, en tanto no se produzca el desarrollo de este RD, las órdenes del Ministerio de 1974 y de 2003 mantendrán su vigencia en lo que no contravenga su contenido”. Sin embargo, expone que “en este caso, al ampliar el ámbito de aplicación, se regula en contra de ese contenido. Esto conlleva la necesidad legal de una Orden Ministerial” (El registro de reservas amenaza el futuro de las agencias).

CEAV recuerda que la normativa “deja en una situación muy complicada a miles de agencias, a las que va a resultar imposible cumplir la norma, entre otros motivos, porque no disponen de los medios para hacer frente a los requerimientos”. A esto hay que añadir “las deficiencias que aún presenta la plataforma puesta en marcha por el Ministerio, que no han sido subsanadas”.

Ante estos argumentos, insiste en que “las agencias de viajes deben quedar fuera de la aplicación de este RD, ya que se ha realizado una definición extensiva del hospedaje y transporte incluyendo a las agencias, cuando estas no prestan esos servicios”. Además, CEAV asegura que “vulnera la normativa vigente de protección de datos”, lo que “podría suponer un tratamiento masivo e ilícito de datos personales”.

Por todo ello, la confederación exige “una moratoria a la entrada en vigor del RD y un encuentro urgente con los Ministerios de Interior y Turismo para impedir llegar a una situación que tendrá desastrosas repercusiones para miles de pymes”.

 


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