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EDICIÓN ESPAÑA

La moratoria acaba el 1 de octubre

El registro documental vuelve a encender las alarmas en las agencias

Fetave denuncia “la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades competentes del Ministerio del Interior sobre el fin de la moratoria”
Son unas obligaciones “desproporcionadas e innecesarias”, que “suponen un coste adicional y afectan negativamente la productividad”

El sector de las agencias de viajes vuelve a dar la voz de alerta ante el fin de la moratoria del Real Decreto 933/2021, el próximo 1 de octubre, lo que obligará a los intermediarios a comunicar los datos de las reservas a partir de esa fecha (Alivio para las agencias: aplazada la aplicación del registro de reservas).

La medida estaba prevista para entrar en vigor en enero de este año, pero Interior decidió aplazarla por la presión de las agencias. El Ministerio alegó “la complejidad técnica del desarrollo y del volumen de operaciones de tratamiento que lleva aparejada su implementación, con la finalidad de mantener el alto nivel de garantías y salvaguardas de los derechos de todos los sujetos obligados y de las personas interesadas” (Registro de reservas: las agencias sufren un arranque caótico).

Ahora, cuando restan sólo cuatro meses para el fin de la segunda prórroga, Fetave denuncia “la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades competentes del Ministerio del Interior sobre el fin de la moratoria”. Lamenta que esto “está generando una gran incertidumbre y una considerable inseguridad jurídica entre las agencias”.

Asimismo, critica que no tiene conocimiento alguno sobre el análisis de Bruselas de esta normativa. “No ha recibido ninguna comunicación oficial de la Unión Europea desde hace más de un año, respecto al estado del procedimiento, abierto a finales del mes de marzo de 2023, que está verificando la compatibilidad del RD 933/2021 con la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”.

En este sentido, la asociación continúa con su guerra contra el registro de reservas. Insiste en que son unas obligaciones “desproporcionadas e innecesarias”, que “suponen un coste adicional y afectan negativamente la productividad y competitividad del sector”. Por ello, reitera su solicitud de “exclusión” de las agencias de viajes de esta medida.

 


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