Gerardo Díaz Ferrán ha solicitado, a través de su abogado, beneficiarse de la justicia gratuita en el caso que investiga la quiebra del Grupo Marsans, por el cual se halla en prisión preventiva desde diciembre de 2012 y tiene sus bienes embargados. La solicitud se ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que tutela el proceso concursal de la compañía.
El grupo turístico se encuentra en fase de liquidación tras haber sido presuntamente vaciado por el ex presidente de la CEOE y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, y traspasada al valenciano Ángel de Cabo, bajo cuya administración fue a concurso de acreedores.
Quienes pueden acogerse al beneficio de la justicia gratuita son las personas con ingresos económicos brutos iguales o inferiores al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en una vez si están solas, en dos veces y media si tienen familia de hasta tres miembros y en tres veces si la unidad familiar tiene cuatro o más integrantes.
En el marco de la Operación Crucero, que da nombre a las pesquisas que condujeron a la detención de Díaz Ferrán y De Cabo hace casi un año, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, señaló que ambas partes pactaron “una estrategia para alzarse con sus bienes [de Marsans] y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se hallaba inmerso”. Entre otras cosas, sacaron del grupo 189 millones de euros, que fueron a parar a Teinver, sociedad del ex líder patronal y Pascual.
Marsans tiene un déficit patrimonial de más de 420 millones de euros. Los 281 millones de activos hallados en el concurso no han podido transformarse en liquidez. Hay más de diez mil acreedores que reclaman 447 millones, mientras que otros mil, entre los que figuran Hacienda y la Seguridad Social, tienen unos 20 millones de deuda.
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