Ceav carga contra la sentencia del Caso Residentes

El hecho de que no haya responsables personales de los hechos en el Caso Residentes levanta las sospechas de Ceav. Su abogado, Evelio Reíllo, considera evidente que “al menos, un beneficio sí obtuvieron”.  Según figura en la sentencia, tanto Viajes Halcón como Tubillete.com o Air Europa no tuvieron por qué enterarse de esas prácticas; algo de extrañar, según las Agencias de Viajes, “a no ser que pensaran que vendían más por la calidad de su trabajo o porque les caían clientes del cielo”.

Asegura el abogado de Ceav, que se dejó una puerta abierta con la acusación popular, previo pago de una fianza de 100.000 euros, “la mayor cantidad que conozco” que se le ha asignado, reconoce. (La cantidad para Bankia fue de 20.000). Esta suma de dinero supone, según Reíllo “un dineral para Ceav”. Admiten sentirse discriminados, ya que incluso el propio presidente de la Confederación, Rafael Gallego se ofreció a testificar en varias ocasiones, con el caso omiso de la justicia.

La Confederación Española de Agencias de Viajes se personó ante la Audiencia Nacional al haber recurrido la alegación de falta de competencia, pero según asegura Evelio Reíllo a La Provincia Diario de las Palmas, no fueron admitidos como acusación particular porque la Fiscalía no consideraba a las agencias de viajes afectadas por el caso.

El abogado asegura que hay varias teorías respecto a la inacción del Ministerio de Fomento, actitud por la cual “la mitad del fraude de Globalia ha prescrito”, tal y como recoge La Provincia, a quien afirma que la consecuencia de esa inacción, “tanto del socialista José Blanco, ocmo de la popular Ana Pastor”, ha provocado que “todo lo ocurrido antes de noviembre de 2010” haya prescrito. Un fraude que por lo menos estaría cifrado en la misma cuantía del periodo que si se ha podido investigar.

Asegura Reíllo que llama poderosamente la atención que la Administración no tuviese control previo ni un sistema de fiscalización “auténtico” o congruente, como un sistema informático y además, califica de “maniobra de distracción” el hecho de pedir certificados de residencia.

Denuncian las Agencias que se haya acreditado la estafa y no se haya hecho nada por impedirlo. A pesar de tener conocimiento de la actividad fraudulenta, aseveran que se deberían pedir responsabilidades.