El accidente de Santiago debería profesionalizar el tren español

Renfe, Adif, el ministerio de Fomento y todo lo que envuelve al sistema ferroviario español tienen que aprovechar el accidente de Santiago como impulso para su profesionalización definitiva, quitando los intereses políticos del medio de una actividad fundamental para el crecimiento de este país. Este accidente, que hasta ahora ha servido aparentemente para hacer política, debería ser el punto de partida para que este sector de la actividad entre, como tantos otros, en una vía de seriedad y rigor, alejadas del el electoralismo que tiende a estropear toda la gestión.

Tanto por los datos de cómo se concibió y puso en marcha la operación ferroviaria de esta línea de alta velocidad, como por los detalles del propio accidente, como por la propia actuación posterior de los gestores, la tragedia de Santiago ha vuelto a apuntar a que España está mucho más lejos de Alemania y Gran Bretaña que de países como Ecuador o Argentina, donde estos asuntos son caldo de política barata, donde un 'caudillo' recuerda permanentemente quién hizo el tren, quién fija las tarifas para los votantes, quien está detrás de cada cosa que funciona bien. Ya podíamos intuirlo cuando veíamos noticias como “Fomento decide duplicar el número de trenes que circularán entre x e y”, como si fuera una decisión graciosa del político de turno y no una necesidad derivada de la demanda; o cuando nos dicen que “el Ave es un compromiso con el pueblo” de esta región, sin que nadie sepa nada sobre los costes, ni sobre la demanda, ni sobre la rentabilidad, ni sobre la viabilidad técnica.

Tras la tragedia de Santiago, los titulares de los periódicos volvieron a poner sobre la mesa la triste realidad: “El BNG acusa al PSOE de haber inaugurado un ferrocarril que no estaba en condiciones”; “Fomento revisa la velocidad en las curvas”; “Feijoó dice que hay intereses en perjudicar a España”; “El PSOE dice que hizo el tren de acuerdo con los requisitos más estrictos”; “El cambio de proyecto permitió a Blanco inaugurar el AVE a Galicia”. Todos han visto votos y allí están, metiéndose en algo de lo que no tienen la menor idea.

En un país serio, el tren es un sistema más de transporte, que compite con la carretera y con el avión. En un país serio, las decisiones en materia ferroviaria se toman en función de criterios técnicos, estudiados por los expertos en la materia. En un país como un día deberemos llegar a ser, el gobierno se debe limitar a fijar los criterios de operación, a controlar que la competencia es legal y a fomentar un cierto equilibrio entre los tres sistemas de transporte, por razones estratégicas y ecológicas. Hacer trenes para captar votos siempre es un fracaso y una ruina.

En un país de risa, todos los técnicos ferroviarios,que los hay, miran al ministro de turno para ver qué tienen que hacer. Cuando el ministro dice que “quiero que este tren circule en dos meses”, aunque se trate de cruzar el Himalaya, entonces se aplican las soluciones que sea para que por lo menos el primer viaje se pueda hacer (el túnel de Piqueras parece un ejemplo de estos absurdos). Y después ya veremos. Cuenta la inauguración, con la televisión en directo, con las cintas, con el pueblo enardecido. Cuando el ministro dice “que aparezca el culpable del accidente”, aparece alguien, da igual si tiene o no tiene responsabilidad, porque se trata de demostrar que estamos ante políticos con autoridad, con decisión.

Nadie se imagina que tras el accidente del avión de Asiana en San Francisco, el secretario de Transportes de Estados Unidos pudiera comparecer ante el Congreso para anunciar que harán las pistas más largas, o que prohibirán que los aviones vuelen más bajo o más alto. Simplemente todo el mundo entiende que las causas del accidente se analizarán y que se tomarán las medidas que técnicamente sean obligadas. Y nadie se pondrá una medalla, ni nadie se la quitará. Es un tema profesional, doloroso, pero que cabe afrontar con la ciencia y la gestión, no con las ruedas de prensa.

Europa nos está empujando empecinadamente hacia la profesionalización del ferrocarril, a la que nuestros gestores se resisten. Sin embargo, este accidente debería haber supuesto un paso decisivo para que todos comprendamos que el tren no es diferente a otros modos de transporte, que necesitamos que el Estado fije las normas y sus prioridades, pero que dejemos que los profesionales entendidos en el tema gestionen aquello que es complejo, sutil y delicado.

Para entendernos: lo que es política y deberíamos erradicar es salir al Parlamento una semana después del accidente para anunciar 20 medidas especiales. ¿Pero ya sabemos las causas del accidente? ¿Pero ya se han determinado cómo se corrigen esos fallos? Como ejemplo, se habla de limitar la velocidad en las curvas, como si el accidente hubiera ocurrido a 80 kilómetros por hora, la velocidad máxima fijada en el sitio del descarrilamiento. No, aunque la velocidad hubiera estado marcada a 50 o a 30, el conductor se habría olvidado de frenar, lo cual demuestra el oportunismo barato de estas medidas, pensadas para atender a una exigencia de las relaciones públicas, de demostrar que hay alguien al frente de todo esto.

La ministra, el PSOE y hasta los pintorescos nacionalistas gallegos deberían dar un paso hacia el futuro, renunciar al tren como arma electoral, profesionalizar la gestión, crear indicadores de calidad, y dejar este asunto en manos de quienes se han formado para operar este transporte. No sé si viajaremos con más seguridad porque un accidente le puede ocurrir hasta a los meticulosos alemanes, pero por lo menos dejaremos de ser el hazmerreír del mundo; por lo menos sabremos que no respondemos buscando un titular de prensa sino una solución a un problema.