Denominación popular de la figura impositiva creada por la Ley 7/2001, de 23 Abril, en la que se establece el Impuesto sobre las Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento, destinado a la dotación de fondos para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente. Ha recibido también denominaciones como “impuesto turístico”, “impuesto ecológico”, “ecoimpuesto” y otros que no han llegado a popularizarse. Su origen está en la preocupación por la degradación ambiental generada por el turismo de masas que desde los años 60 se produce en Baleares y que provocó la urbanización descontrolada de extensas áreas costeras de Mallorca y Eivissa, hecho que también fue denominado como “balearización”. Este término pasó al lenguaje internacional. En 1983, la aprobación del Estatuto de Autonomía, que daba al Govern de les Illes Balears la competencia exclusiva sobre fomento y promoción del turismo y sobre ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Autónoma, abrió la posibilidad de actuación de las instituciones autonómicas en este sector. A pesar de ello, las iniciativas de la Consejería de Turismo, en el sentido de establecer un impuesto como la ecotasa no resultaron viables durante la larga etapa de hegemonía de la derecha en Balears (1983-99), dado que el Govern Balear no estaba dispuesto a crear una figura impositiva nueva.