¿Quién permite los privilegios fiscales?

Un periódico de información económica publicaba ayer que las grandes OTAs americanas ofrecen precios más bajos porque tributan en paraísos fiscales o en países con tipos más bajos en el impuesto de sociedades. La información, a mi entender, es irrelevante, porque los impuestos se aplican después de que la sociedad declare sus beneficios brutos, los cuales no tienen nada que ver con el país en el que se tributa.

Dicho esto, es evidente que en Europa tenemos un problema de un calado absolutamente demoledor: cada país aplica el impuesto de sociedades que quiere, atrayendo así a las empresas que quiere. El problema es especialmente relevante en el caso de Irlanda, país en el cual, para más contradicción, fue auxiliado por el resto del continente cuando hace unos años cayó en default, a raíz de la crisis del banco Anglo-Irish.

¿Quién, si puede, va a elegir España, por ejemplo, para tributar por sociedades, cuando de forma absolutamente legal, puede acudir a Irlanda? ¿O a Luxemburgo? ¿O a Malta? Antes de criticar a estas compañías, cada competidor debería responder a esta pregunta: ¿Usted habría actuado de forma diferente, en caso de tener la oportunidad? Si la respuesta es sí, no entiendo cómo aún sigue en el mercado; si la respuesta es no, entonces mejor callar.

Naturalmente que las OTAs reparten beneficios superiores a otras compañías porque tributan menos --repartir más beneficios no es lo mismo que ganar más--, pero es cínico acusarlas a ellas de la legislación que aprueban nuestras autoridades. ¿Por qué no acusamos a España o a Italia o a Francia, de consentir estás prácticas en el seno de la Unión Europea, que provocan un fuerte impacto en la economía?