La ley del suelo canaria, ante una oposición furibunda

Como ya publicáramos en esta misma sección, el Gobierno canario ha aprobado un proyecto de ley del Suelo que pretende poner orden en el marasmo urbanístico que vive el archipiélago. ¿Qué relación tiene este asunto con el turismo? Toda, porque de no ser por el negocio millonario que es el turismo, en Canarias, como en el resto de España, el urbanismo sería un asunto de segundo orden.

El urbanismo es quien decide dónde se construye o no un hotel –y toda la oferta complementaria– y, por lo tanto, es quien tiene la "máquina de imprimir billetes". Mala cosa para aplicar sentido común en un ámbito tan problemático.

Sorprendentemente, el proyecto de ley del Gobierno ha provocado reacciones hostiles por parte de varios sectores sociales canarios, máxime cuando el proyecto se ha desarrollado de forma muy escrupulosa y participativa. En algunos casos, como el de los arquitectos, sus críticas son comprensibles dada la profundidad de sus razonamientos. Pero en otros, como en el caso de los sindicatos, sus amenazas de protestas obreras por asuntos de esta índole suenan a movimiento político orquestado. Incluso los socialistas, que están coaligados en el gobierno, han convocado ruedas de prensa para decir que no hay divisiones en su partido en torno a esta ley sino sólo diferencias de sensibilidad, que es lo que suele decir la izquierda pija cuando está profundamente dividida.

¿Por qué estas reacciones a una ley que ni ha acabado su tramitación, ni es un texto cerrado y, encima, se ha hecho recogiendo las opiniones de muchos agentes afectados?

Empecemos por las críticas de los arquitectos. Curiosamente, los arquitectos hacen un informe en el que dicen que se negaron a participar en la recogida de impresiones, lo cual no les corta ni un pelo a la hora de criticar aquello en cuya elaboración no participaron por decisión propia. Sin embargo, pese a ello, tienen bastante razón en su análisis: la ley propuesta es muy jurídica y poco urbanística.

Este tipo de normas debe encajar por un lado la vertiente legal, de jerarquías, tramitaciones, órganos decisores, etcétera –que es lo que sí contiene el proyecto elaborado por juristas– y por otro debería ser un instrumento para crear modelos de crecimiento urbanísticos coherentes. Y en esto fallamos.

Lo dicen con razón los arquitectos canarios como lo podrían decir la mayor parte de los especialistas de España. En este país no hacemos urbanismo, sino leyes. Y sale lo que sale. Pero los propios arquitectos, en su escrito, responden al porqué del problema: en España falta cultura urbanística. Ni ellos ni los políticos van a encontrar a nadie con un modelo de crecimiento en la cabeza y sí con un montón de intereses económicos de los que el entramado jurídico pretende protegernos. Para poder hacer urbanismo se necesita mucha más discrecionalidad que nadie en este país está dispuesto a conceder a los políticos y gestores, por su escasa credibilidad. Los proyectos no deben tener porcentajes predeterminados de usos, sino que cada caso conforma una realidad que se ha de evaluar por sus propios méritos. Esto hoy por hoy es impensable en este país y, por supuesto, también en Canarias. El urbanismo, nos guste o no, es la selva; la ley del más fuerte. La ley, con realismo, pretende enmarcar esta situación y no se dirige a un país ideal que no existe.

Probablemente las críticas de los sindicatos nos apuntan al problema del suelo en España. Primero porque las críticas sindicales carecen de toda relación con su función. Naturalmente que el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de unos muchos debe importar a los sindicatos, pero este ni es el caso ni puede serlo. Esta ley no modifica los elementos sustanciales de la normativa en vigor, sino que establece el marco en el que operan las otras leyes, cómo se llevarán a cabo las tramitaciones, cómo se redistribuyen las funciones, etcétera. Pero eso no les corta y se lanzan a la lucha obrera. ¿Entienden por qué no se puede dar margen al legislador? Porque este es un terreno abonado a la politización más burda.

Los argumentos presentados por esta plataforma –que incluye a los sindicatos– ya hablan de su propia endeblez: que si la Ley va contra la cohesión del territorio, contra la calidad de vida, la productividad agraria, el empleo y hasta, puestos a disparar al aire, contra la calidad democrática.

Acusaciones así, tan disparatadas, más bien hablan del carácter irracional de la oposición que de los defectos de la ley, que los tiene. En realidad, lo que este movimiento está haciendo es desestabilizar al PSOE canario, dejándolo en un cruce de caminos peligroso.

Entre las acusaciones que, con un lenguaje belicista, arrojan los opuestos a la ley, hay algunas cuestiones menores como la anulación de la prohibición expresa de que las administraciones especulen con el suelo. Este es un asunto legalmente menor pero de gran interés porque, efectivamente, el suelo es un instrumento de especulación, pero contra lo cual no es posible luchar. En el momento en el que un suelo puede pasar de convertirse en rústico a urbano, se produce una súbita revalorización. Eso beneficia a quien había adquirido ese suelo a precio de rústico. Esto es inevitable. Si no es el propietario quien se beneficia, ha de serlo la Administración –o sea todos– vía impuestos. La postura de que no sea la Administración pública la que se beneficie es bastante descabellada porque supone ignorar que inevitablemente en ese cambio de calificación habrá lucro.

Este es el fondo del asunto, la razón por la que esta es una ley delicada. Los arquitectos querrían que fuera el diseño urbanístico el que primara mientras que el ordenamiento jurídico pretende que se eliminen las arbitrariedades. Sin embargo, el punto de equilibrio en este contexto es difícil. A veces, lo máximo que se consigue es crear un mecanismo caro, farrogoso y complejo de hacer lo que, de todas formas, se hubiera hecho.

En todo caso, ahora comienza el camino más difícil de esta ley, con la negociación parlamentaria, de la que sería vital que no se descolgaran los socialistas que hasta ahora han hecho un papel muy correcto.