Los legisladores de Canarias han diseñado una serie de medidas para frenar la creciente proliferación de viviendas y apartamentos turísticos que erosionan la cuenta de resultados de las grandes corporaciones del archipiélago.
Para que una vivienda se pueda explotar como turística proponen una medida mínima de camas (individuales o dobles), que disponga de una batidora, sábanas, toallas en cantidad suficiente para todos los usuarios, plancha, tabla de planchar y servicio de atención telefónica, entre otros.
Este decreto ha sido duramente criticado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) porque considera que “ninguna de las restricciones está justificada desde la óptica del interés general” y que se pretende “obstaculizar la entrada y la capacidad para competir de las viviendas vacacionales en el mercado turístico de las Islas Canarias”. Además, impide a los apartamentos adscritos a plataformas como Airbnb ofrecerse como tales si están situados en “suelos turísticos que se encuentren en zonas o urbanizaciones turísticas”.
Según recoge Cinco Días, desde Competencia recuerdan que hasta un 85 por ciento de los alojamientos ofertados en las dos principales plataformas de viviendas turísticas colaborativas se encuentran en zonas donde se ubican hasta el 90 por ciento de los hoteles y, por tanto “la evidencia empírica confirma el potencial restrictivo del decreto para expulsar a operadores efectivos y potenciales en este mercado y limitando de forma muy severa la competencia y la eficiencia”.
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