Una vez construido el AVE, ahora lo regulamos

¿En qué podemos comprobar si este gobierno sigue las políticas de siempre o si, por el contrario, ha comenzado a entender cómo gestionar el futuro del país? En medidas como la aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, que establecen que antes de construir una línea ferroviaria de AVE (también una carretera) se ha de determinar mediante un estudio previo si es social y económicamente viable. Así lo destacó la propia ministra del ramo, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras aprobar la ley.

A ver si lo explicamos claro: primero construimos la red de aves, dilapidamos 60.000 millones de euros y después, cuando ya tenemos las obras acabadas, aprobamos una ley que establece que todo lo que hemos hecho tiene que basarse en estudios sensatos. O sea, un despropósito que sólo puede provocar indignación. No se pierdan incluso el texto que difundió Moncloa este viernes:

Dice que la nueva ley “consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras”. Hasta el vocabulario denuncia el absurdo: “consolida”. Si ya había rigor, ¿por qué una nueva ley? Porque ahora antes de construir hay que planificar, y se pide a Adif (el organismo que construye las vías) que tenga una previsión para cinco años.

¿Servirá esto para que nunca más derrochemos el dinero como estamos haciendo ahora? No, porque esta ley establece que tienen que existir esos documentos, pero no dice que esos documentos respondan al sentido común. No se establece qué es rentabilidad social. Por supuesto, no se puede pretender que las vías sean rentables, pero de ahí a que supongan la ruina de un país...

Este es uno de los contenidos que prevé la nueva ley del sector ferroviario, que para la ministra es una pieza clave para el turismo. Sólo le faltaba haber comparecido con el ministro Soria, como si alguien hubiera trabajando con sentido de Estado.

Como en esta verborrea vacía no pueden faltar los tópicos, la ministra nos dijo que esta ley es el marco para “un modelo de excelencia”, que permita aumentar la oferta y la calidad del servicio ferroviario a los ciudadanos.

Vamos al grano: la ley aprobada termina de cerrar el círculo absurdo de la gestión ferroviaria española, para que quede a un nivel tan esperpéntico como el que se ha logrado con el sector aéreo, donde el monopolio Aena es semiprivado.

La nueva ley establece un sistema de cánones que han de pagar los operadores que usen la red. O sea, qué han de pagar quienes operen en las vías que antes eran de Renfe y ahora son de Adif. Como todo el proyecto de promover la competencia en la red ferroviaria puede quedar en nada porque no hay forma de encontrar el sentido económico en esos cánones, entonces esta ley suprime el canon anual de acceso a la red y crea bonificaciones por la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Es decir: para que las empresas privadas sí quieran operar en la red, en lugar de hacerles pagar el precio normal, se genera un sistema de bonificaciones que, como siempre, beneficiará a estos conglomerados económicos que se dedicarán a este negocio.

En otros países, el canon que se paga por el uso de la red es eso y no se negocia. Otra cosa es que nadie quiera operar un servicio, porque en esa línea la demanda es muy baja, y en ese caso se establecen subvenciones públicas. En España no. En España las cosas son más confusas: primero convocamos un concurso, pero como los privados ven que aquello no tiene sentido económico, entonces paramos y les cambiamos las tarifas para que operen. ¿Claridad en algún punto de todo esto? La misma que con el proyecto Aena, o sea, ninguna.

Todo este galimatías se entiende mejor si hablaran claro: hemos construido kilómetros y kilómetros de vías de tren porque había que ganar elecciones (y después ya se verá) y, en el caso del canon, no se está creando un mecanismo para cobrar a las empresas concesionarias de los servicios sino que es al revés: se las ha sondeado y han dicho que aquello era muy caro, por lo que construimos todo este montaje legal para dar amparo a lo que ya estaba decidido.