El 'caso residentes' deja más preguntas abiertas que respuestas

El caso del fraude de Air Europa, reconocido por la propia empresa, publicado por todos los medios de comunicación, pone los pelos de punta. No tanto por lo que se sabe que ha ocurrido, como por la inacción pública en el cuidado del dinero público y la reacción ante los hechos denunciados y reconocidos. Si con lo conocido hasta ahora creíamos que habíamos colmado nuestra capacidad de sorpresa, aún nos quedaba una decisión judicial que cuesta entender.

Aunque los periodistas estamos acostumbrados a la objetividad, en este caso intentaré ser aún más exigente y limitarme estrictamente a los hechos para, a partir de ellos, dejar que el público se haga una idea de las dimensiones del asunto.

En 2007, la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), presentó una denuncia ante Aviación Civil, por un presunto fraude en la gestión de las subvenciones de residentes por parte de Globalia, la empresa propietaria de Air Europa. Nadie hizo nada hasta que mucho más tarde, en 2014, los mismos hechos fueron denunciados a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la decisión judicial fue la de archivar el caso. Cuando aquello parecía que quedaría en nada, la Fiscalía de la Audiencia, que había conocido los detalles de la denuncia, presentó una querella con Juan José Hidalgo, principal directivo del grupo, por ese supuesto fraude. Sin embargo, la querella de la Fiscalía únicamente abarca las irregularidades que van desde 2010 a 2014, dado que lo que hubiera ocurrido antes de esa fecha, de ser delito, habría prescrito. Vean que CEAV ya había presentado la primera denuncia en 2007, sin que nadie en Aviación Civil ni en el ministerio de Fomento encontrara razones para investigar en detalle o para actuar penalmente. O para investigar, por lo menos.

Al tiempo que la Fiscalía presentaba esta denuncia hace dos años, el ministerio de Fomento iniciaba una investigación interna que efectivamente detecta unas irregularidades valoradas en 22 millones de euros. La empresa Globalia, ante ello, aporta ese dinero, más otros 8 millones en concepto de intereses, para resarcir el daño causado al erario público, reconociendo que aquello de lo que se le acusaba era cierto. Nadie habla de lo que pudo ocurrir antes del periodo investigado. La CEAV, que es la entidad que mantiene esta acción contra Globalia, especialmente su presidente, Rafael Gallego, estima que el fraude es de más de 100 millones de euros, si contamos lo que pudo estar ocurriendo desde 2007. Pero Gallego dice algo más que resulta obvio: “Fomento ha sido colaborador necesario para que este fraude se produzca y permitir que prescriba. Alguien tendría que hacerse responsable de la parte que ha prescrito, teniendo en cuenta que estamos hablando de un delito contra el Estado. Porque nosotros veníamos denunciando en Aviación Civil desde 2007. No es que haya prescrito porque nadie avisara. Tenemos documentación que prueba que desde 2007 Aviación Civil tenía constancia de que esta situación se estaba produciendo”.

¿Por qué la CEAV tiene esta fijación con un caso como este? El presidente asegura que hay muchos pequeños empresarios de las agencias de viajes que han tenido que cerrar, sobre todo en Canarias y Baleares, por que no podían competir con las condiciones que ofrecía el grupo Globalia. Y señala que Fomento ha sido el colaborador necesario para que este fraude se produzca.

¿Cómo funcionaba el fraude? Según lo que se ha publicado, Air Europa presentaba al ministerio de Fomento liquidaciones en las que fundamentalmente, lo más importante es que el precio de los billetes que se dice que había pagado el viajero no se correspondía con el precio real. Fomento subvencionaba, pues, un precio mayor del real (el cincuenta por ciento), con lo que había un fraude del que se beneficiaba la compañía. Otras irregularidades descritas son que el importe de la subvención era superior al porcentaje legal fijado. En otros casos, se hacían contratos de publicidad o descuentos a grupos y a particulares que no se vieron deducidos. O sea el particular paga un billete más barato, pero Fomento subvenciona el precio total del billete. Esto afecta a las agencias, porque Travelplan ofrecía descuentos en paquetes de viajes que no se reflejaban en Fomento, ministerio que subvencionaba el precio de los billetes como si no hubiera habido descuento. Igualmente perjudicial para los agentes de viaje era que el grupo Globalia también usaba las comisiones que se pagan a las agencias para pedir subvención sobre ellas. Según lo que se ha sabido, el grupo igualó las comisiones en 20 euros, pidiendo la subvención correspondiente, pero sin que ello tuviera relación con la cantidad efectivamente cobrada.

Los hechos han sido admitidos por la compañía, puesto que su presidente ha aceptado ante la Audiencia Nacional pagar una multa de 30 millones de euros.

Hasta aquí, las dudas que aparecen son cuantiosas. Sobre todo interesa saber por qué el ministerio no actuó ni siquiera ante la existencia de una denuncia. El grupo Ciudadanos de Canarias quiere investigar el asunto, por opaco y sorprendente. Uno de sus diputados en las Cortes le pregunta al ministerio "¿Por qué (…) Fomento, que tiene conocimiento desde el año 2007 por denuncia formulada por la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha permitido pagos irregulares, de millones de euros, a Globalia-AirEuropa, como colaboradores en la subvención al transporte aéreo de residentes de Canarias y Baleares, con procedimiento administrativo de reintegro en ese Ministerio, sin publicidad del mismo, y omitiendo la existencia de procedimiento paralelo en la jurisdicción penal, como son las Diligencias Previas 6/2014 ante Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional?". No es mala pregunta, aunque lo más interesante sería la respuesta.

Pero si con todo lo anterior no teníamos suficientes sorpresas, la semana pasada el juzgado donde se está tramitando el asunto emitió un auto por el que archiva la causa penal para los investigados, Juan José Hidalgo Acera, presidente de la compañía, Richard Clark Hall, director comercial, y
apoderado en varias empresas del grupo Globalia. Según el juez Eloy Velasco, "no se ha podido individualizar, hasta la fecha, pese a las diligencias practicadas en esta causa, qué concretas/s persona/s física/s lo hayan podido ordenar". O sea que no hay responsables de unos hechos admitidos porque no ha sido posible saber quién lo ha ordenado.

Hasta aquí los hechos comprobables y reconocidos.

Ahora una pequeña elucubración: ¿Es posible que todo esto se pueda producir en una empresa sin que haya un responsable? ¿Es posible que unos hechos denunciados en Aviación Civil, pudieran continuar en el tiempo sin que nadie supiera nada? Estas son las historias en las que la realidad desborda ampliamente la ficción. Si un novelista nos contara un caso así, diríamos que se le ha ido la cabeza, que controle su imaginación porque no es posible que en un país serio ocurran cosas así.

Quizás es que no hablamos del mismo país.