La sección segunda del tribunal provincial de Palma de Mallorca ha desestimado los nueve recursos de los controladores que habían interpuesto para evitar el juicio.
La Audiencia confirma el auto que daba continuidad a la causa ante la posibilidad de que los controladores hubieran podido cometer los delitos de sedición o de abandono colectivo, lo que conllevaría una ilegalidad al tratarse de un servicio público “esencial”.
Según el auto de la Audiencia de Palma, “subsisten indicios de criminalidad”, por lo que el tribunal ve factible aplicar el delito de sedición, o de huelga ilegal, el más grave que se les imputa a los trabajadores de la torre de control, funcionarios públicos que actuaron “de forma conjunta” tras un “acuerdo de voluntades”.
La imputación de sedición de la Ley penal y procesal de navegación aérea, según la sala, sigue vigente, aunque se trate de "una norma preconstitucional", tal y como recoge Última Hora.
El escrito estima indicios de que la situación “de discapacidad” que mantuvo a los trabajadores fuera de su puesto fue “presuntamente simulada” y ocasionó “una perturbación del servicio público de control del tráfico aéreo”.
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