Los hoteleros reclaman protección contra la oferta ilegal de alojamientos

 “Es un momento clave para que el Gobierno tome medidas”, clama José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. La asociación exige al Gobierno protección contra la oferta ilegal de alojamientos similar a la que ha logrado el sector del taxi frente a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

El ‘lobby’ turístico espera “que se actúe de manera similar en el alquiler turístico: adelantamos hace casi cuatro años que la oferta ilegal de pisos turísticos era el principal riesgo del sector turístico español; hay que evitar que el impacto y las externalidades que genera afecten al modelo turístico español”, declara Zoreda según publica El Mundo.

Los hoteleros no ven fácil que tras este precedente de Fomento vaya a haber una legislación nacional. “Sería nuestro deseo”, aclara Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). “Pero no hay intención dentro del PP”, lamentan.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital mantiene que “las características de cada destino turístico son completamente diferentes”, lo que justifica que las competencias sean autonómicas. Recuerda que se están tomando medidas de índole fiscal y de seguridad.

Sin embargo, Exceltur pide “una actuación general a nivel país y una regulación que ponga orden”, más allá del decreto de Hacienda de petición de datos para evitar la “impunidad fiscal” de las plataformas y los requisitos de información sobre los huéspedes que estas viviendas deben facilitar a Interior. Pero aún no habiendo una legislación nacional, Estalella destaca que estas decisiones suponen que se empiece a tratar a las plataformas que publicitan los pisos turísticos como una actividad económica.

Para Zoreda ha quedado claro, a través de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró a Uber empresa de transportes, que las plataformas “no son simples tablones de anuncios”. “Es insólito y grotesco que una institución como la Comisión Nacional los Mercados y la Competencia esté propiciando que las plataformas se salven de esto”, dice el responsable del lobby turístico en relación con las objeciones del organismo. Aunque aún no hay impugnación oficial en los tribunales, Competencia estima que esta petición de datos, que se hace también a las pymes, es desproporcionada y limita la competencia de las plataformas.

“Al margen de que paguen impuestos, la oferta ilegal de pisos turísticos está provocando el alza del precio del alquiler, la expulsión de los vecinos o la banalización de los barrios”. Gentrificación, turistificación y, por ende, turismofobia. Y esa parte es la “que Fomento ha tenido en cuenta para tomar su decisión regulatoria”, considera.

“Los hoteleros no es que no queramos que haya viviendas turísticas”, afirma Estalella. “Lo que no queremos es que las haya sin regular y sin límites”.

Los hoteleros pelean por una “normativa nacional que genere seguridad jurídica”, porque “la actual no se la da”. “En España hay distintas normativas en alojamientos regulados”, dice Estalella “y se puede crear otra normativa para este tipo de viviendas”, que matiza “no son los apartamentos regulados”.

Zoreda asegura que ahora sería el momento ideal para que Turismo convocara una reunión con las CCAA.

Mientras en Palma este lunes el Ayuntamiento ha prohibido el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares (Palma ratifica la prohibición del alquiler turístico en pisos)  y en Valencia, por ejemplo, según la patronal Hosbec, Airbnb comercializa 5.500 viviendas, de manera que supera ampliamente a la oferta hotelera de la ciudad con al menos un 35% (Airbnb oferta en Valencia un 35% más de plazas que los hoteles).

Por su parte, el Gobierno ultima una orden ministerial para ponerle freno al fraude fiscal de los alquileres turísticos que le permitirá intensificar la inspección a empresas como Airbnb, HomeAway, HouseTrip, MyTwinPlace, Only-apartments o Rentalia exigiéndoles mucha más información y llevando un control trimestral de todas sus actividades (El Gobierno da el paso: ultima una orden ministerial para un cerco fiscal a Airbnb).