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EDICIÓN ESPAÑA

Tras dictaminar que Uber es "una empresa de transporte"

La sentencia europea sobre Uber abre la puerta a frenar el negocio de Airbnb

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según El Economista, ha abierto la puerta a acabar con el modelo de negocio de las plataformas online de intermediación como Airbnb, después de dictaminar que Uber es "una empresa de transporte" y no una compañía que presta servicios propios de la sociedad de la información, tal y como defiende la propia firma estadounidense. Así, Airbnb podría exponerse a ser considerada como una agencia de viajes y someterse a las leyes que regulan esta actividad (Airbnb y Tripadvisor desafían al Gobierno balear y ofrecen alquiler ilegal).

 

"Debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es el transporte y por lo tanto no responde a la calificación de servicio de la sociedad de la información", estima el Tribunal europeo. El criterio fijado por Bruselas podría obligar a Uber a cambiar el sistema bajo el que opera en los distintos países de la UE (en España está inscrita como empresa de servicios relacionados con las tecnologías de la información) pues tendría que adaptarse a las distintas legislaciones y, en el caso español, pedir licencias de transporte y someterse a la normas a nivel estatal, regional y local.

 

Es una situación que podría extenderse a otras plataformas como Airbnb, Cabify, Deliveroo o Glovo, que están registradas como empresas de marketing o de comercio online en España, y que corren el riesgo de tener que someterse a la legislación de los sectores en los que operan convirtiéndose en agencia de viaje en el caso de Airbnb. "La sentencia establece un principio de aplicación a todas las plataformas de intermediación que actualmente se limitan a cobrar comisiones y no invierten ni contratan personal, ya que operan con autónomos", explican fuentes jurídicas a la citada cabecera económica.

 

Airbnb, que se dedica al alquiler de alojamientos a corto plazo, está también en punto de mira de la Unión Europea. Bruselas puso en marcha en febrero de 2017 una serie de talleres para analizar el futuro de este tipo de plataformas y llegar a un acuerdo con los Estados miembros y las partes implicadas sobre los principios que deben seguir para legislar este sector, el mayor de los servicios colaborativos de Europa (París llevaría a los tribunales a Airbnb por negarse a acatar la Ley).

 

Francia y Alemania exigieron este verano más control sobre el servicio que presta Airbnb, ya que mueve millones en ingresos y apenas paga impuestos en los países en los que operan. Como la plataforma todavía funciona como una empresa de servicios de la información, que incluye el comercio online, se ampara en los principios que regula ese tipo de servicios, que, entre otras cosas, le permite no dar información a Hacienda sobre sus usuarios, tanto lo que alquilan sus pisos como los que los que lo arriendan, ni controlar si tienen licencia para operar o no.

 

Además, el Gobierno central  reconoce que la heterogeneidad provocada por las diferentes regulaciones autonómicas y municipales sobre los alquileres turísticos "puede generar conflictos e incertidumbre", y admite que el sector le reclama una normativa estatal sobre el alquiler que incluya estos usos "y haga frente a los grandes retos a los que se enfrenta el mercado del arrendamiento en este país".

 

Así consta en la respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto (IU), que había registrado en el Congreso una pregunta para saber si el Gobierno contemplaba modificaciones en el marco estatal para establecer una regulación básica en materia de alquileres turísticos. A pesar de las inquietudes manifestadas por el Ejecutivo en su respuesta, y las transmitidas por el propio sector, el Gobierno no aclara si prepara una regulación del alquiler turístico --como las adoptadas o emprendidas por administraciones autonómicas y municipales, que también detalla en su respuesta--.

 

La CEHAT, según un comunicado publicado este miércoles, asegura que analizará detenidamente la sentencia, y verá si con ella se pueden dar nuevos pasos para que “definitivamente se determine la diferencia entre actividades entre particulares y aquellas realizadas por profesionales". “Consideramos que esta sentencia es un importante paso adelante hacia la regulación eficiente de una parte del sector turístico que quedaba fuera del alcance de cualquier tipo de normativa”, comenta la confederación.

 

"La desnaturalización progresiva e imparable de las plataformas que nacieron bajo el nombre de 'economía colaborativa' es una realidad, estas plataformas que originalmente surgieron con el propósito de que particulares ofrecieran al mercado bienes o servicios no utilizados a precio de coste han evolucionado hacía la captura por las mismas de negocios tradicionales", agrega, como recoge El Confidencial.


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