Colectivos de izquierda exigen a Baleares que acote el alquiler ilegal de Airbnb

Organizaciones simpatizantes de la izquierda política como Terraferida o el Gob exigen a Baleares, cuyo gobierno lo sustentan PSOE, los econacionalistas de Més y Podemos, que acote el alquiler ilegal de Airbnb, y han protestado tanto a través de comunicados como a través de manifestaciones hace unos días en Palma como la que informó preferente.com (Vecinos se manifiestan contra la saturación turística en Palma).

Terraferida ha expuesto que la reforma de la ley de Turismo de Baleares ha certificado una oferta ilegal “enorme” a través de Airbnb y ha contabilizado un descenso del 22,75 por ciento en el número de plazas ofertas en las Islas. Desde la entidad han asegurado que en la plataforma multinacional, tres días después de la entrada en vigor de la normativa, se contabilizaron 36.762 plazas menos de las 161.558 que ofrecía durante agosto.

Las plazas ofrecidas en las Islas, según recogen varios medios, habrían bajado un 22 por ciento después de la entrada en vigor de la ley (un 24,5 por ciento en Mallorca, y un 19 por ciento en Ibiza y Menorca). En Palma, se ha contabilizado una reducción de hasta el 54 por ciento, con la retirada de 6.191 plazas (El GOB: “No celebramos en absoluto el Día Internacional del Turismo”).

De los diez municipios con más plazas en Airbnb, han añadido, Palma y Calvià, serían los municipios donde más se ha retirado, mientras que en Santanyí, Manacor y los municipios de Ibiza, es donde menos se ha retirado porcentualmente. “Esta reducción está asociada a la entrada en vigor de la reforma de la ley turística, que prevé sanciones elevadas por los portales que comercializan alquiler turístico ilegal”, han indicado.

Terraferida, DinsAirbnb y Ciutat per qui l'Habita han rastreado la actividad de Airbnb con el fin de obtener datos relativos a antes y después de la entrada en vigor de la Ley Turística. Tras el estudio, constataron que en del 2016 Airbnb ofrecía un total de 78.543 plazas en Mallorca, mientras que en los primeros meses de 2017 las plazas ofrecidas ascendieron a las 81.901. Durante este verano, ha expuesto la entidad, Airbnb llegó a ofrecer 161.558 plazas en Baleares, de las cuales 109.196 plazas correspondían a Mallorca, 37.066 a la Pitiusas y 15.266 a Menorca.

Las entidades han a la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo que incremente los servicios de inspección y sanción de la oferta turística ilegal, de forma que la oferta retirada de las webs de comercialización de alquiler turístico sea clausurada físicamente, no solo virtualmente. “La clausura de las plazas ilegales, de todo tipos de oferta turística, es clave para que se reduzca la presión humana sobre le territorio y los recursos y que aumente la oferta de alquiler residencial”, han sostenido.

Además, el pasado sábado 23 de septiembre, hasta 51 entidades, entre ellas el GOB, apoyaron una manifestación en Palma para exigir al Govern que "acabe el monocultivo turístico”, aunque la portavoz de esta protesta, Margalida Ramis, no dejó de reiterar que no se trataba de una marcha contra el actual Govern presidido por Francina Armengol, ni tampoco contra Més, formación del vicepresident y conseller de Turisme, Biel Barceló, pese a que de ellos depende aprobar las leyes en la materia y hacerlas cumplir.

Los organizadores de estas 51 entidades, no obstante, apenas lograron reunir a 3.000 personas en esta manifestación con el objetivo de que se regule la saturación turística en Palma, y exigieron que el Govern adopte “medidas valientes” y que se apueste por el decrecimiento turístico, pese a que insistieron que no se trataba una marcha contra el actual Govern balear de izquierdas.

Movimientos como ‘Ciutat per a qui l’habita’ o ‘Sense límits no hi ha futur’ apoyaron esta marcha motivada por los incrementos de llegadas de visitantes en las últimas temporadas turísticas, el ‘boom’ del alquiler vacacional y el incremento de coches de alquiler, entre otros aspectos, aunque trataron de recalcar que no se trataba de una protesta contra el Ejecutivo balear sustentado por el PSOE, los econacionlistas de Més y Podemos.