El retraso con la Ley de viajes combinados hará que entre en vigor en plena temporada alta

Crece el malestar entre las minoristas con la nueva legislación de viajes combinados que debía haber entrado en vigor el 1 de enero por la aplicación de la directiva europea que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Además de las alegaciones —pendientes aún de respuesta—, presentadas por la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) relativas a la garantía extra que se pide a las minoristas, el retraso que arrastra el anteproyecto de ley en el Congreso perjudicará al Sector porque entrará en vigor en plena temporada alta.

Las comunidades autónomas, que desarrollan las normativas tienen de plazo hasta el 1 de julio para, fecha que les dificultará a las agencias la puesta al día de todos sus folletos (CEAV exige paralizar la garantía extra a agencias).

Desde la Ceav, su gerente, Mercedes Tejero, explica a preferente.com que han solicitado "que se respete un plazo de seis meses para que las agencias puedan adaptar toda su documentación". La nueva norma española, que surge de la transposición de la directiva europea relativa a los viajes combinados y los viajes vinculados –aquellos en los que el cliente contrata servicios con diferentes empresas, de manera que se trasfieren sus datos– obligará a que los contratos, folletos y toda la documentación que manejan las minoristas tenga que ser actualizada para recoger las nuevas garantías que protegen a los consumidores (Los viajes vinculados requerirán seguros de caución, según los abogados), (Los viajes vinculados serán considerados como combinados con la nueva ley).

Por otro lado, la patronal de agencias sigue a la espera de que se brinde respuesta a las alegaciones que han presentando al anteproyecto. El tema por el que en la Ceav están "más preocupados" es el relativo a la garantía extra, aquella que debe dar cobertura a los incumplimientos contractuales del viaje combinado, "que no la exige" la Unión Europea, por lo que el Gobierno no tendría que haberla incluido para que las minoristas no queden en desventaja frente a sus homólogas europeas. Por ello, la patronal está dispuesta a denunciar esta infracción ante la Comisión Europea por considerarla "perjudicial", al ser más restrictiva la norma estatal que la de la UE (Reprobación de la CMNC a la Ley de viajes combinados).

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre la normativa del Gobierno de Aragón que regula las garantías de las agencias de viajes ante los consumidores. Esta propuesta prevé que cada agencia de viaje puede optar a tres clases de garantías: una individual para la agencia, una colectiva constituida entre varias agencias o garantías para cada viaje.

BARRERAS A NUEVAS AGENCIAS

Sobre la garantía individual, la CNMC llama la atención sobre que el hecho de que se exija una mínimo de 100.000 euros porque "supone una carga mayor para los operadores de menor facturación y puede crear barreras de entrada en el mercado para las nuevas agencias". Al respecto, Tejero apunta a que esta observación es "un poco contradictoria", porque que a la UE ya le parecía que esa cifra "es baja".

También la CNMC critica la garantía colectiva, pues "al establecerse la participación de cada agencia en función de su volumen de negocio, estas pueden intercambiarse información comercialmente sensible". Y por último, la Comisión recomienda que la normativa aragonesa "regule no solo los viajes combinados, sino también los vinculados" dado que hay una directiva más reciente de 2015.

Para la Ceav, la opción de la garantía colectiva "es inviable". "Estudiamos hacer un fondo colectivo como en otros países, pero tendríamos que constituirnos como mutua y lo descartamos desde el punto de vista económico", explica Mercedes Tejero. Por tanto, solo ven dos caminos, o los seguros individuales o bien para cada viaje.

Mientras tanto, siguen las reuniones entre la patronal de agencias y representantes de los partidos políticos de turismo, cuando tendría que abordarse con los especialistas en consumo, ya que la nueva ley ha sido desarrollada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).